TZUARA DE LUNA. EXPANSIÓN
El sector minero prevé que las modificaciones a la Ley Minera planteadas por AMLO podrían reducir hasta un 30% la producción del sector.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado una nueva propuesta de reforma para el sector minero que ha intensificado una larga disputa existente en el país. Esta nueva propuesta otorga una narrativa diferente a las empresas mineras, ya que solo se les permitirá obtener concesiones para los recursos hídricos por un máximo de cinco años, con la posibilidad de una extensión adicional de cinco años más.
La Cámara Minera de México (Camimex) ha expresado su oposición a estas modificaciones, calificándolas como “totalmente inviables”. Según la organización, las concesiones de agua deberían tener una duración al menos igual a la de las concesiones mineras.
Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), detalla que cerca del 60% del agua utilizada por la industria minera proviene de aguas residuales tratadas y recirculadas. Sin embargo, la nueva propuesta contempla una reducción del tiempo de otorgamiento para las concesiones mineras, de 50 a 15 años, con la posibilidad de extenderse otros 15 años más.
En conjunto con las modificaciones para las concesiones de agua, estas medidas podrían reducir hasta un 30% la producción del sector.
La propuesta del Ejecutivo Federal, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el pasado 28 de marzo, indica que el 72.7% de las 23,441 concesiones vigentes para la actividad minera se concentran en estados con “fuerte escasez de agua”. Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 76% de los recursos hídricos del país se destinan a actividades agrícolas, el 14% al abastecimiento público, el 5% al sector energético y el 5% restante al sector industrial.
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De acuerdo con el último Informe de Sostenibilidad de Camimex, basado en un estudio realizado por Conagua, el sector minero consume aproximadamente el 0.9% de la totalidad del agua utilizada en la industria.
Karen Flores, directora de la Camimex, afirmó en una conferencia de prensa que las empresas afiliadas cuentan con 70 plantas de tratamiento de aguas de servicios. Sin embargo, la prohibición del uso del agua de laboreo, que se encuentra en las minas subterráneas, imposibilitaría las operaciones del sector, según Flores.
“Esta agua se paga, existen derechos por esta agua y a su vez, esta agua se trata”, añadió.
Armando Alatorre, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, ha calificado como “incongruentes” los plazos de concesiones de agua contemplados en la iniciativa del presidente López Obrador, ya que no están en línea con los periodos de las concesiones mineras y esto afectará el desempeño del sector.
En una entrevista con Expansión, Alatorre expresó su preocupación por los controles adicionales que se están implementando en el sector y cómo esto puede limitar el tamaño de la minería, el crecimiento, las inversiones y el empleo en México.
“El Estado pone más controles y limita lo que puedes hacer”, asevera.
Según el último Informe de Sostenibilidad de Camimex, el 57% del consumo de agua del sector proviene de aguas de procesamiento, seguidas por un 23% de aquellas aguas superficiales.
