(PETER SINGER. PROJECT SYNDICATE)
MELBOURNE.– En 2009, el presidente de EU Barack Obama designó a Cass Sunstein, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, en el cargo de administrador de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA) de la Casa Blanca.
Bajo la dirección de Sunstein, la OIRA intentó introducir cambios regulatorios tendientes a reconocer la realidad del calentamiento global y minimizar los daños derivados. Un elemento esencial para asegurar uniformidad entre diversas áreas del gobierno era acordar un precio por tonelada de carbono que se usaría para comparar políticas con capacidad para incidir en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Sólo así sería posible calcular el costo social de esas emisiones al momento de evaluar los costos y beneficios de las regulaciones. Tras hacer eso, es posible hacer lo mismo con otras sustancias que contribuyen al cambio climático apelando a la equivalencia de impacto. Por eso Sunstein dijo que el precio del carbono es “la cifra más importante de la que se haya oído hablar”.
Antes de la llegada de Obama a la Casa Blanca, ningún gobierno estadunidense había intentado poner precio al carbono, y determinar el precio justo no es tarea fácil. La primera de estas tareas (calcular la incidencia física de las emisiones de GEI) correspondía a los científicos, que cuentan con modelos para hallar las respuestas. La segunda (determinar el impacto de los efectos físicos sobre el bienestar) no es sólo cuestión de cálculo económico, ya que entraña una pregunta ética crucial: ¿querrá EU tener en cuenta el bienestar de personas que viven en el extranjero o que aún no han nacido?
La administración de Obama fijó el precio en 42 dólares, que se redujo a cinco durante el primer mandato de Donald Trump y saltó a 190 dólares durante la presidencia de Joe Biden. El precio exacto es debatible, pero lo que no se puede cuestionar es que las emisiones de CO2 generan costos.
A pesar de las realidades y de la lógica que sirven de sustento a la fijación de precio del carbono, el mes pasado Jeffrey B. Clark, administrador interino de la OIRA, publicó un memorando en el que afirma: “Ya no es política del gobierno federal mantener una estimación uniforme del impacto monetizado de las emisiones de gases de efecto invernadero”. El memorando se refiere a “supuestos cambios en el clima” (como si quedaran dudas de que el clima está cambiando) y también pone en duda la incidencia de la emisión antropogénica de GEI sobre esos cambios.
Cuando Sunstein dejó el puesto que tenía en la administración Obama, siguió pensando en los aspectos éticos del cambio climático, y ahora ha publicado sus reflexiones en Climate Justice: What Rich Nations Owe the World – and the Future (Justicia climática: la deuda de las naciones ricas con el mundo y con el futuro).
Respecto de la cuestión clave de qué intereses debe tener en cuenta EU al poner precio al carbono, Sunstein defiende: EU debe ponerle al carbono un precio que refleje de la manera más fiel posible el costo neto de las emisiones para todas las personas a las que afectan o afectarán, ahora y en el futuro. Además, dice, es asunto de justicia que los países ricos compensen a los pobres por los daños que les causa el cambio climático. Pero más allá de la cuestión ética, Sunstein insiste en que proteger a los habitantes de otros países redunda en beneficio estratégico propio.
Creo que los argumentos éticos de Sunstein son irrebatibles. Pero tratar de ponerlos en práctica de inmediato y sin reservas puede abrir en muchos países ricos una vía de acceso al poder para políticos populistas que niegan la ciencia o los argumentos éticos. Hasta que eso cambie, tal vez la mejor estrategia para los políticos sea defender la reducción de emisiones sobre la base del daño que el cambio climático ya está causando a los ciudadanos de sus países y del daño más grave que es probable que cause en el futuro.
*Copresentador del podcast Lives Well Lived. Pprofesor emérito de Bioética en la Universidad de Princeton
Traducción: Esteban Flamini
Copyright: Project Syndicate, 2025.
