(ERIKA ROSETE. EL PAÍS)
“Tanta muerte es un llamado a trabajar por la justicia y la seguridad”, dice el comunicado que la Conferencia del Episcopado Mexicano ha publicado este lunes para llamar a un diálogo nacional por la paz en el que pretenden crear una respuesta colectiva “viable a las autoridades y al país” ante la violencia. La publicación comienza aludiendo a los asesinatos de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua, Javier Campos y Joaquín Mora, en junio de 2022, y termina con la denuncia por la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo.
No es la primera vez que los obispos mexicanos elevan el tono en el inevitable debate alrededor de la violencia México. El asesinato de los jesuitas el año pasado abrió una brecha con el Gobierno. Las autoridades eclesiásticas insistieron entonces en pedir un cambio en una política de seguridad que consideran fallida, llamaron a celebrar misas en todo el país por los sacerdotes asesinados y el resto de víctimas y se produjeron, incluso, pequeñas marchas de feligreses y religiosos en la capital. El comunicado de este lunes, en todo caso, escala un paso más al llamar a distintos actores de la sociedad civil a un encuentro para definir posibles soluciones.
Las autoridades eclesiásticas que firman el documento han criticado el actuar de los Gobiernos de todos los niveles ante el control del crimen sobre distintos puntos del territorio mexicano, y han criticado su incapacidad para frenar la violencia: “El hecho de haber encontrado sin vida al principal responsable del asesinato de los jesuitas, muestra cómo los territorios son gobernados por economías criminales que han crecido ante el descuido del Gobierno en todos sus niveles, que el problema de inseguridad prevalece en la Sierra Tarahumara y en el país entero”, aseguran.
El Episcopado ha puesto fecha y lugar para el diálogo: del 21 al 23 de septiembre en la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde han convocado a “voces cualificadas de la sociedad civil” con el objetivo de elaborar una Agenda Nacional de paz y articular las iniciativas locales de paz. “Es tiempo de convocar a los especialistas, de conocer las mejores prácticas locales, escuchar a las víctimas, a los indígenas, a los migrantes, tomar en cuenta a quienes han logrado sostener bajos índices delictivos en los territorios, a las iglesias, y a quienes están participando en los conversatorios por la paz y en los foros de justicia y seguridad”, señalan.
El pasado 20 de junio fueron asesinados a balazos los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales,de 78 años, y Joaquín Mora, de 80, en el interior de la iglesia de la comunidad de Cerocahui, en la sierra Tarahumara, en el Estado de Chihuahua. Los jesuitas daban refugio a un hombre que era perseguido, el guía turístico Pedro Palma, de 60 años, quien también fue asesinado por hombres armados que irrumpieron en el recinto. Tras estos hechos, el Episcopado hizo un llamado al Gobierno de México a que cambiara su estrategia de seguridad ante la violencia.
Dos días después del asesinato de los sacerdotes, la Fiscalía de Chihuahua ofreció una recompensa histórica de cinco millones de pesos para encontrar a José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto asesino de los dos sacerdotes, de un guía turístico y la desaparición de cuatro personas. El Chueco, estaba en la mira de las autoridades desde 2018. Fue hasta el pasado 23 de marzo que se informó del hallazgo del cadáver de El Chueco, en la sierra de Coix, en el Estado de Sinaloa.
“La violencia nos pone delante de Jesús Crucificado para denunciar toda injusticia humana, que ahora se ha manifestado en la tragedia que han sufrido nuestros hermanos migrantes, muriendo consumidos por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la irresponsable omisión de las autoridades”, finaliza el comunicado junto con el llamado a la sociedad civil para que esta Semana Santa sirva “para transformar tanta muerte en un llamado comunitario a trabajar por la paz”.