(JOSÉ ARNULFO RODRÍGUEZ SAN MARTÍN. EXCÉLSIOR)
El presidente Andrés Manuel López Obrador concluirá su gobierno el 1 de octubre de 2024, pero un mes antes iniciará la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, a la que planea enviar al menos tres reformas.
Para que se aprueben las reformas a la Constitución, se requiere la mayoría calificada o dos terceras partes de los votos en el Congreso. Al momento de escribir estas líneas, la actual composición del Congreso, si bien favorece a Morena y aliados, no les permite hacer cambios constitucionales. Esto bien podría cambiar al conocerse los resultados finales de las elecciones federales del 2 de junio de 2024.
El plan C surgió en respuesta a la falta de mayoría calificada que impidió a López Obrador realizar cambios constitucionales significativos. Ante esta situación, el partido Morena convocó a los ciudadanos para que en las elecciones votaran por el partido, no sólo para la Presidencia, sino también para obtener un mayor número de diputados y senadores.
Actualmente, en la Cámara de Diputados el bloque de Morena cuenta con 55% de los escaños, mientras que en el Senado tiene 59%. El plan C de Andrés Manuel López Obrador es una estrategia política para asegurar la mayoría calificada en el Congreso (334 escaños en la Cámara de Diputados y 85 en cámara de Senadores) e implementar una serie de reformas antes de concluir el sexenio. Tras el triunfo de Claudia Sheinbaum, López Obrador ha dicho que buscará coordinarse con la futura Presidenta para lograrlo.
Si bien no se conocen las propuestas que el Ejecutivo enviará para la aprobación de la nueva legislatura, con base en el paquete presentado al Congreso en febrero de 2024, pudieran ser las siguientes:
– Reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE). Se propone crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, en sustitución del INE, con la tarea de absorber todas las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Se pretende reducir el número de personas consejeras y magistradas electorales, así como su periodo de ejercicio en el cargo y eliminar su reelección. Implica la liquidación de trabajadores especializados en materia electoral para generar ahorros para el erario. El sistema electoral actual es uno de los más caros del mundo y da lugar a duplicidad de funciones. Por ello la propuesta propone la liquidación de trabajadores para generar ahorros al erario.
– Adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para garantizar la seguridad pública y prevenir la infiltración de la delincuencia. Se modificaría el art. 21 de la Constitución, que señala que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la encargada de la seguridad pública en el país y que las capacidades de la Guardia Nacional en materia de investigación de los delitos están bajo el mando y conducción del Ministerio Público.
– Reformar el Poder Judicial para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos mediante voto popular, como lo establecía la constitución liberal de 1857, en la época del presidente Benito Juárez, y no a través de una terna propuesta por el Ejecutivo Federal. Esto implicaría un cambio en la Constitución. El mandatario mexicano ha dicho que, con la iniciativa, la cual fue enviada el pasado 5 de febrero a la Cámara de Diputados, busca “eliminar la corrupción del Poder Judicial”.
Adicionalmente, al presentar el paquete de reformas en febrero, el Presidente buscó la desaparición de siete organismos autónomos y entes reguladores, para financiar el reparto de pensiones y programas sociales que impulsa. A saber:
– Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Las atribuciones del Inai sobre rendición de cuentas recaerían en la Secretaría de la Función Pública para el Ejecutivo, las contralorías del Congreso y en un nuevo órgano de vigilancia que sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal en el caso del Poder Judicial, según la propuesta.
– Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Sería absorbida por la Secretaría de Economía.
– Comisión Reguladora de Energía (CRE).
– Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Sus tareas pasarían a Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
– Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval). Pasaría al Inegi.
– Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
– Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
Reforma eléctrica
Con la mayoría calificada legislativa se abre la posibilidad de pasar la reforma que plantea que la industria eléctrica sea nuevamente un sector estratégico. La reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador propone lo siguiente:
– La industria eléctrica pasaría nuevamente a ser un sector estratégico en términos constitucionales.
– De acuerdo con el artículo 28 constitucional, no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza en sectores estratégicos. Por lo tanto, la CFE podría ejercer nuevamente sus funciones de generación y comercialización de forma exclusiva, sin ser regulado por ningún ente antimonopolios y sin competencia de privados.
– Los reguladores del sector: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Reguladora de Energía (CRE) serán parte de la Secretaría de Energía.
Adicionalmente, prohibir la fractura hidráulica para extraer hidrocarburos en campos lutíferos de México (fracking).
Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, pretende aumentar la generación de energía renovable e incluir a empresas privadas en los planes. Sin embargo, apoya el rescate de las empresas estatales, lo que implica el modelo mixto de crecimiento mediante inversión pública y privada que apenas comenzó a implementarse en 2014.
Mayoría calificada
Después de las elecciones y, según el conteo rápido del INE, existen tendencias favorables para que Morena obtenga una mayoría calificada en el Congreso. Morena obtuvo buenos dividendos en ambas Cámaras. Según los cálculos preliminares, en la Cámara de Diputados Morena ganó 233 escaños y sus aliados PT y PVE, 46 y 67, respectivamente. En la oposición, el PRI obtuvo 30 curules, y el PAN 64. Por su parte, MC alcanzó 23 diputaciones. De cumplirse este escenario, la coalición Morena-PT-PVE habría ganado 346 escaños, con lo que alcanzaría la mayoría calificada para aprobar las reformas.
En cuanto a la Cámara de Senadores, el reparto quedó así: 57 para Morena, 9 del PT, y 10 del PVE. En la oposición, 15 del PRI y 19 del PAN. Con esto, la coalición Morena-PT-PVE tiene 76 escaños, y quedaría corta respecto de los 85 de la mayoría calificada. Los resultados del conteo rápido no pueden considerarse como una constancia de triunfo, ni tienen efectos legales. Los resultados definitivos se darán a conocer el 9 de junio.
Algunas de las iniciativas que llegan al Congreso toman meses en ser analizadas y aprobadas o rechazadas. Sin embargo, existe un trámite preferente al cual puede recurrir el Presidente de la República para que una o dos iniciativas puedan ser discutidas en máximo 31 días, pero ninguna de ellas puede ser constitucional. Este tipo de iniciativas deben ser presentadas el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones con el objetivo de agilizar los proyectos que el Presidente de la República considere primordiales para la nación.
La mayoría calificada es crucial para asegurar que decisiones de gran trascendencia cuenten con un amplio consenso. Este requisito busca proteger la estabilidad y continuidad de las instituciones y normas fundamentales del país, garantizando que los cambios importantes reflejen un amplio acuerdo entre los representantes del pueblo.
*Director de Análisis Económico y Financiero de Banco Multiva
