(DIANA NAVA. EXPANSIÓN)
En ese momento nadie lo sabía, pero una especie de lista de deseos entregada a discreción por la estatal CFE a Hacienda, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Energía y la Secretaría de Energía (Sener) en 2019 marcaría el rumbo de la política energética en los siguientes años.
Las dependencias y los reguladores recibieron a finales del primer año del sexenio un pliego petitorio de puntos relacionados con subir los cargos o tarifas que pagan los privados y a limitar, sobre todo, la operación de las centrales de autoabasto, un modelo ideado antes de la reforma energética para que los industriales y grandes compañías accedieran a electricidad a través plantas construidas por privados, pero que, a los ojos de la CFE, ha disparado la existencia de un mercado paralelo que mermaba sus ingresos.
La estatal se dio un año para materializar cada una de las peticiones, subir las barreras de entrada y así crecer su participación en el mercado de generación. El cumplimiento de los puntos no se logró en el plazo que se puso como meta, pero la política energética –ejercida en su mayoría por la Sener y el regulador del mercado– se ha basado prácticamente en este documento.
Los analistas del sector dicen que los puntos no se han cumplido del todo, pero notan una gran similitud entre lo pedido por CFE y los cambios hechos a las regulaciones, principalmente los propuestos con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que ha sido declarada inconstitucional en parcialidad por la Suprema Corte, pero que en la práctica su mayoría ya está puesta en marcha.
“Si bien (el pliego petitorio) no dictó a cabalidad la política pública, existe una amplia coincidencia entre lo que la CFE le pidió al gobierno federal y los cambios hechos a las regulaciones”, dice Julia González, una abogada especialista en el sector de la firma González Calvillo.
El contenido de la lista
De 15 puntos principales que forman el documento, al menos 12 ya habrían sido puestos en marcha, de acuerdo con una revisión y con abogados del sector que fueron consultados. El listado comenzó a cumplirse cuando a la CRE, el regulador del sector, llegó una mayoría de comisionados afines al gobierno federal y propuestos por el presidente López Obrador.
El primer cambio que recuerdan los analistas estuvo alineado con el aumento en las tarifas de transmisión, conocido como porteo, pagado por los privados con centrales convencionales y de renovables a la CFE. La modificación se hizo desde el regulador en mayo del 2020 con un aumento en ese costo de hasta 800%, según los registros, bajo el argumento de que el costo que pagaban los privados a la estatal no se alineaban con el uso de la infraestructura y la necesidad de mantenimiento.
Y así, los cambios continuaron durante los siguientes años, algunos de manera explícita y con modificaciones en las regulaciones, otros más de forma tácita.
En el primer rubro caben la negativa a que las sociedades de autoabasto adhirieran más socios a sus permisos de generación y el impedir que algunas centrales cambiaran las fechas de inicio de su operación comercial o de construcción de obras.
En el segundo la cancelación de los permisos de autoabasto a los que se les haya demostrado una simulación del modelo, es decir, que estuvieran vendiendo electricidad a clientes y no sólo generando energía para los socios iniciales del proyecto. Abogados del sector dicen que el regulador sí canceló algunas autorizaciones, aunque el listado no es público. La CRE también comenzó a negar la posibilidad de nuevos centros de carga a las centrales y a sólo autorizar la salida de consumidores de éstas. También implantó una sanción histórica a la española Iberdrola en una de las centrales que el gobierno federal ha incluido en un paquete de compras que cerrará en diciembre próximo.
“Muchos de los cambios no fueron ni siquiera inmediatos, pero se han ido aplicando con el tiempo. Si bien, no son iguales a los puntos del pliego petitorio, las aristas han sido prácticamente alineadas hacia a ellos”, dice Daniel Sánchez, abogado de Baker McKenzie.
El gran golpe o donde se incluyeron la mayoría de los puntos fue la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, un movimiento que llegó en 2021 y que fue aprobado sin problemas por la mayoría simple de ambas cámaras del legislativo. La modificación incluyó poner a las centrales de la CFE al inicio de la fila de despacho, poner todos los permisos de privados a revisión y cancelar los permisos de autoabasto. La reforma se paró en los tribunales y algunos puntos se declararon como inconstitucionales, pero en la práctica, dicen los analistas, se han llevado a cabo.
