(RODRIGO PACHECO. SUMA CERO.EXCÉLSIOR)
Hace unos días, en su análisis más reciente sobre México, Moody’s, una de las tres principales agencias calificadoras a nivel global, concluyó que la inversión se ha debilitado desde 2024 debido a la incertidumbre doméstica asociada a la reforma del marco institucional, particularmente la reforma al Poder Judicial, así como a presiones externas vinculadas a la política arancelaria de Donald Trump. Moody’s reconoció que el Plan México podría contribuir a remover algunos de los obstáculos que limitan el crecimiento; sin embargo, advirtió que, de mantenerse las actuales condiciones de incertidumbre, tanto internas como externas, será difícil que el país regrese a su tendencia de crecimiento de largo plazo cercana a 2%. Lo preocupante es que, antes de 2018, una tasa de crecimiento de 2% era considerada mediocre y la discusión giraba en torno a cómo alcanzar un crecimiento acorde con el potencial del país, que debería ubicarse de manera consistente por encima de 3%.PauseUnmute
El gobierno de Claudia Sheinbaum sabe que la economía se mantendrá ralentizada mientras no se revitalice la inversión, que en noviembre registró una caída anual de 5.7%. Bajo ese diagnóstico, la semana pasada el secretario de Hacienda anunció, durante la conferencia presidencial, un plan para detonar inversiones por 5.6 billones de pesos. Días más tarde, en el Museo Nacional de Antropología, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habló de un portafolio de inversión estimado en 406 mil mdd. Ambas cifras, optimistas y de gran magnitud, fueron presentadas después de diversas reuniones convocadas por la Presidenta con banqueros y empresas, particularmente del sector automotriz.
Señal positiva
La estrategia del gobierno de colocar la atracción de inversión como uno de los pilares de su agenda constituye una señal positiva que comenzó a gestarse desde el último año de la administración anterior con el Plan México y que ha ido tomando forma con señales cada vez más concretas. Entre ellas destaca el anuncio realizado a finales del año pasado por la secretaria de Energía, Luz Elena González, sobre un esquema de inversiones público-privadas por 7 mil 200 mdd para desarrollar seis gigawatts de capacidad eléctrica renovable. Y en el evento de la semana pasada, se otorgó un papel central a José Medina Mora, presidente del CCE, lo que sugiere que el gobierno habría dejado atrás la estrategia de contrapuntear al organismo empresarial con el llamado Consejo Nacional de Promoción de Inversiones.
La pregunta
Los banqueros, empresarios y ejecutivos entienden con claridad el enorme potencial de inversión que tiene México. Sin embargo, la pregunta central es qué tan posible resulta garantizar la estabilidad de las condiciones bajo las cuales se desarrollan los proyectos público-privados. La cancelación del aeropuerto de Texcoco permanece en la memoria de los inversionistas, al igual que la ofensiva contra Iberdrola. A ello se suma la percepción de que los contrapesos institucionales para hacer valer los contratos se han debilitado, con jueces cuya independencia y capacidad son cuestionadas. En caso de un desacuerdo dentro de un contrato público-privado, ¿a qué instancia recurriría una empresa? ¿Qué garantiza que no habrá un giro de 180 grados en la política pública durante el actual o el próximo sexenio?
La respuesta
En los hechos, esta semana hubo respuestas tácitas. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que se han retirado poco más de mil concesiones mineras y reiteró que en áreas naturales protegidas no habrá explotación minera. Desde el año pasado el sector no ha recibido nuevas concesiones y, además, se han realizado cambios en el cobro de derechos, todo ello en la misma semana en la que se abrió un intenso debate tras la presunta extorsión a la minera canadiense Vizla Silver, luego de la desaparición de diez ingenieros en Sinaloa, de los cuales lamentablemente cinco fueron hallados sin vida. En este contexto, surge una pregunta inevitable: ¿qué garantías tiene una inversión minera, que se amortiza a lo largo de décadas y que ya enfrenta riesgos geológicos y de rentabilidad, de que no habrá cambios futuros en la definición de áreas protegidas o en las condiciones regulatorias? ¿Qué certeza existe de que prevalecerá el Estado de derecho frente a riesgos de extorsión o inseguridad?
Las posturas en cuanto al sector minero pueden ser interpretadas por el resto del sector privado como el canario en la mina de la respuesta de certeza que están buscando.
