(JORGE BRAVO. EL ECONOMISTA)
En una decisión deformante, la Cámara de Diputados aprobó la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), junto con otros seis organismos autónomos, como parte de una reestructuración administrativa que centraliza las funciones regulatorias en el gobierno federal.
Aunque cuestionable, la idea original de extinguir al IFT era que sus funciones y recursos humanos serían transferidos a la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión (la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes). Después se decidió que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, de José Antonio Merino, atraería todas estas atribuciones regulatorias tanto del IFT como de política pública de la SICT.
Pero los diputados aprobaron una reserva al artículo 28 de la Constitución que crea una nueva autoridad en materia de competencia económica que concentrará las facultades del IFT de preponderancia y regulación asimétrica y las fusionará con las tareas de la Comisión Federal de Competencia, todo subordinado a la Secretaría de Economía (SE) de Marcelo Ebrard.
La medida ha sido presentada como un paso hacia la “eficiencia administrativa”, pero es todo lo contrario: detrás de este sofisma se configuran no una institución sino dos entidades (no veo la simplificación por ningún lado) y con ello se amenaza la conectividad, los derechos digitales y la neutralidad regulatoria y competitiva.
El resultado de extinguir el IFT inspirándose en la película de Coralie Fargeat, “La sustancia”, donde el gobierno, la 4T, Morena y el Congreso se inyectaron una dosis letal de “eficiencia”, que destruye instituciones autónomas y las sustituye por un monstruo institucional de varias cabezas: ¡qué gran simplificación administrativa! Aquí 10 razones por las que esta decisión es un retroceso y un engendro:
1. Primacía de la política sobre la técnica. El IFT fue diseñado como un organismo autónomo precisamente para tomar decisiones técnicas, apartadas de presiones políticas y ciclos de gobierno. Al trasladar sus funciones de competencia económica a la Secretaría de Economía y de telecomunicaciones a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), las decisiones regulatorias se subordinan a intereses políticos y se pierde neutralidad.
2. Se pierde experiencia y capacidad técnica. La regulación de sectores complejos como las telecomunicaciones y la radiodifusión requiere especialistas capacitados e informados. El IFT acumuló una década de conocimiento técnico y experiencia internacional que no será inmediatamente replicable en una nueva entidad improvisada, especialmente en un entorno de rápida evolución tecnológica.
3. Retroceso a modelos obsoletos de sexenios neoliberales. Concentrar en la Secretaría de Economía las facultades del IFT en materia de preponderancia y regulación asimétrica es un regreso al diseño institucional previo a las reformas de 2013. Este modelo priorizaba el control gubernamental, sacrificaba la especialización sectorial y no generaba competencia. Lo irónico es que quienes critican los modelos neoliberales del pasado han retrocedido y recreado su esencia institucional con esta decisión.
4. Pérdida de continuidad en datos y estadísticas. El IFT ha generado información clave para el diseño de políticas públicas. Su extinción representa un vacío en la continuidad de datos, estudios y estadísticas para comprender el ecosistema digital, la toma de decisiones informadas, la investigación y la docencia.
5. Retroceso en la progresividad de los derechos humanos. El derecho de acceso a las TIC, consagrado en la reforma de 2013, fue un hito en el avance de los derechos digitales en México. Desmantelar al organismo garante de este derecho viola el principio de progresividad.
6. El derecho de acceso se diluye en competencia económica. El IFT fue creado para regular mercados y garantizar derechos fundamentales. La nueva autoridad, alojada en la SE, priorizará la competencia económica sobre el derecho de acceso, dejando de lado una visión integral y social del sector.
7. Se pierde especialización en competencia sectorial. La reforma de 2013 dotó al IFT de herramientas para regular la competencia económica en telecom y radiodifusión. Sin esta especialización, las decisiones serán menos informadas y más vulnerables a errores regulatorios y decisiones políticas.
8. Falta de experiencia en telecom. La SE no tiene experiencia ni estructura para manejar los complejos desafíos de las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales. Este cambio fragmentará las capacidades regulatorias y disminuirá la efectividad en un sector crucial para el desarrollo.
9. Conflictos de interés y pérdida de neutralidad. El gobierno concentrará la regulación sectorial, la política pública y la operación de empresas públicas como CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y Altán Redes. Esto elimina la neutralidad competitiva y regulatoria, favoreciendo intereses estatales sobre quienes realizan inversiones intensivas en capital, en detrimento del equilibrio en el mercado.
10. Fragmentación regulatoria e institucional. La coexistencia de una nueva entidad en la Secretaría de Economía, una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Secretaría de Hacienda (responsable de fijar precios del espectro radioeléctrico) genera nuevas ventanillas, duplicidad de funciones y conflictos entre autoridades. Este modelo es ineficiente, burocrático, más costoso y opaco (considérese la extinción del INAI), lejos de la eficiencia administrativa que tanto se pregona.
Un monstruo institucional. Extinguir al IFT es un salto hacia atrás. En lugar de fortalecer el marco institucional, se ha creado un monstruo político y regulatorio que mezcla atribuciones, subordina derechos fundamentales por competencia económica y pone en riesgo la conectividad del país. Como en La sustancia, lo que parece “hermoso” en las iniciativas de ley, es en realidad una aberración que amenaza con devorar los avances logrados en la última década.
