ROLANDO RAMOS. EL ECONOMISTA
En 2013 venció el plazo dado para avalar una nueva norma general; Suprema Corte ordenó legislar sobre tema desde 2022.
El Congreso de la Unión lleva 10 años y medio, y contando, en omisión legislativa porque no ha expedido la Ley General de Aguas, en acatamiento de la Constitución; el plazo de 360 días que los propios senadores y diputados federales se fijaron para hacerlo venció el dos de febrero de 2013.
La nueva ley habrá de sustituir la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992.
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”, establece el párrafo sexto del Artículo 4° de la Constitución, vigente desde el nueve de febrero de 2012.
El artículo Tercero transitorio de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ocho de febrero de aquel año, aprobada por la LXI Legislatura (2009-2012) del Congreso mexicano y promulgada por el expresidente Felipe Calderón, ordena:
El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”.
El 27 de enero del año pasado, al resolver 11 controversias constitucionales promovidas por igual número de municipios de Chihuahua en contra del Congreso de la Unión para impugnar “la omisión del Congreso de la Unión de expedir la Ley General de Aguas”, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró por unanimidad de sus 11 integrantes “la inconstitucionalidad de la omisión” del Congreso y ordenó a las cámaras de Senadores y de Diputados expedir la referida ley secundaria “durante su próximo periodo ordinario de sesiones”.
Es decir, los senadores y diputados federales que integran la LXV Legislatura en curso fueron emplazados por el máximo tribunal constitucional del país a hacer lo que no pudieron sus antecesores entre el 1 de febrero y el 30 de abril del 2022. Sin embargo, a la fecha, no ha sucedido.
Iniciativas presentadas
Durante las Legislaturas LXII (2012-2015), LXIII (2015-2018) y LXIV (2018-2021) fueron presentadas cinco, una y seis iniciativas de Ley General de Aguas en ambas cámaras del Congreso, respectivamente, a fin de garantizar que se promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos al agua y al saneamiento. En lo que va de la LXV (2021-2024), ya se presentaron dos.
De las 14 propuestas tramitadas por legisladores de Morena, PAN, PRI, PRD, PT y Panal, 10 se presentaron en la Cámara baja y cuatro ante la Cámara alta; pero solamente la mitad se encuentran a la espera de ser dictaminadas en comisiones porque siete fueron desechadas al vencerse el plazo legal para su aprobación o sus promoventes las retiraron.
Pendientes
Entre las iniciativas pendientes de dictaminar destaca la de carácter ciudadano presentada el 14 de abril de 2020 por Oscar Monroy Hermosillo, representante del Movimiento Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida, remitida para su análisis a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
La iniciativa tiene por objeto establecer las instancias, instrumentos, principios, criterios y procedimientos para la participación de los gobiernos Federal, locales, municipales, pueblos y comunidades indígenas y la ciudadanía a fin de garantizar el derecho al agua, el saneamiento y la soberanía de los recursos hídricos.
El 27 de abril del año pasado, la senadora Gloria Sánchez Hernández (Morena) propuso, entre otros puntos, que la nueva ley secundaria garantice el saneamiento y gestión equitativa y sustentable de todos los recursos hídricos; establezca los principios de interdependencia e indivisibilidad del derecho al agua; reconozca la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas de administrar y distribuir su agua de acuerdo con sus propios sistemas normativos; instaure políticas de gestión, utilidad y jurisdicción de los bienes hídricos y precise las obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la Federación, estados y municipios en materia hídrica.
La iniciativa es analizada a la fecha por las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República.
El diputado federal Francisco Borrego Adame (Morena) propuso el 15 de marzo de 2022 reformar el artículo Tercero transitorio del Decreto que reforma la Constitución, publicado el 8 de febrero de 2012 en el DOF, para establecer que el Congreso de la Unión deberá emitir una nueva Ley General de Aguas en un plazo no mayor al 15 de diciembre de 2023.
El 31 de mayo pasado, la Mesa Directiva de la Cámara baja comunicó a través de la Gaceta Parlamentaria que, de conformidad con lo que establece el artículo 89 del Reglamento interno, dicha iniciativa fue desechada porque no se dictaminó dentro del periodo en que fue presentada.
“Se tiene por desechada y se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido”, ordenó.
