(JORGE BRAVO. EL ECONOMISTA)
La reforma laboral presentada el 16 de octubre busca integrar a las personas trabajadoras de plataformas digitales en un marco de seguridad social bajo un nuevo capítulo en la Ley Federal del Trabajo. El gobierno quiere “dignificar” el trabajo de repartidores y choferes de plataformas como DiDi, Uber y Rappi. Sin embargo, la iniciativa no menciona el costo oculto de esta regulación, no sólo para los trabajadores, también para plataformas, usuarios, otras industrias y la economía digital.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es el concepto de “subordinación discontinua”. Aunque se presenta como una forma de preservar la flexibilidad que caracteriza el trabajo en plataformas, lo cierto es que repartidores y conductores perderán la libertad de elegir la forma de trabajar según sus necesidades. La relación laboral que se pretende formalizar obliga a los trabajadores a someterse a un esquema rígido, limitando la autonomía que ha sido el principal atractivo de este modelo de negocio.
El trabajo en plataformas y la economía colaborativa no son un empleo tradicional con horarios y condiciones fijas. Cerca de la mitad de los 658 mil trabajadores que operan en estas apps lo hacen menos de cuatro horas al día como una fuente complementaria de ingresos. La flexibilidad es esencial. Al imponer la subordinación, la reforma obligará a muchos de estos trabajadores a abandonar esta forma de trabajo, privándolos de una fuente de ingresos crucial.
La iniciativa no menciona que regular este trabajo elevará los costos operativos. Al imponer la obligación de proporcionar seguridad social y otras prestaciones laborales, las plataformas deberán asumir costos que serán transferidos a los usuarios. Esto provocará un aumento en las tarifas, lo que hará que muchas de las ciudades donde operan las plataformas dejen de ser rentables, especialmente aquellas con menor demanda. La pérdida de empleo será inevitable, como ocurrió en España con la Ley Rider.
La Ley Rider, implementada en España en 2021, buscaba garantizar derechos laborales a repartidores de apps, obligando a las empresas a contratarlos como empleados formales. La ley terminó por afectar a los repartidores, muchos de los cuales perdieron su empleo debido al cierre de plataformas o la subcontratación. Quienes mantuvieron su trabajo vieron reducida su flexibilidad e ingresos.
Un estudio posterior reveló que la mayoría de los repartidores en España preferían el modelo anterior flexible y autónomo. Lo que parecía una victoria laboral se convirtió en un impedimento para miles de trabajadores que encontraron en las plataformas una fuente de ingresos adaptada a sus necesidades.
Otro punto cuestionable es la inclusión de condiciones algorítmicas en los contratos de trabajo. Las plataformas están diseñadas para adaptarse rápidamente a cambios en el mercado, la tecnología y la competencia. Pretender fijar en un contrato las condiciones operativas que dependen de algoritmos es como intentar prever todas las actividades que un trabajador enfrentará a lo largo de su carrera. La innovación y la mejora continua de los algoritmos hacen que las condiciones cambien constantemente.
Otro error es asumir que los repartidores y conductores tienen un único patrón, cuando en el modelo son varios. Las plataformas no son empleadores tradicionales, los trabajadores no dependen exclusivamente de una sola app para generar ingresos. Las plataformas generan estímulos, otorgan recompensas y la competencia entre ellas es feroz para atraer a repartidores y conductores. Ningún empleo tradicional genera esas condiciones habilitadas por los datos y la tecnología.
La iniciativa no menciona que algunos conductores y repartidores ya cotizan ante el IMSS y tienen acceso a la seguridad social sin la necesidad de una relación laboral formal, porque se trata de un esquema complementario de ingresos. Para algunos tener que cotizar al IMSS puede hacer la diferencia entre llegar o no a fin de mes.
En el caso de los flotilleros dentro de las apps de movilidad, existe un patrón intermedio que es el dueño de los vehículos. Este patrón no asume responsabilidad en la seguridad social, porque la reforma laboral no distingue los distintos modelos de negocio que existen en una economía colaborativa. En cambio, sí responsabiliza sólo a las plataformas, porque resulta más mediático y rentable políticamente.
Los estudios de Víctor Carreón Rodríguez y otros investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) demuestran que el trabajo en plataformas no es precario como se dice. Los ingresos de los repartidores suelen ser superiores a los de trabajos tradicionales en sectores como la manufactura o el comercio. Las plataformas no sólo ofrecen flexibilidad, también mejores condiciones salariales.
El impacto de la reforma afecta al sector restaurantero y las mipymes, que han ampliado sus ventas gracias a la intermediación de apps como DiDi Food, Rappi y Uber Eats. Las plataformas han permitido a estos negocios aumentar su competitividad, reducir costos y acceder a nuevos clientes. Si las plataformas encarecen sus servicios o salen del mercado, los negocios que dependen de ellas sufrirán una disminución en sus ventas, lo que repercutirá en la economía local y en la generación de empleos.
El objetivo del gobierno es político: presumir que incorporó a 658 mil personas a la seguridad social y a las estadísticas laborales. Pero la reforma omite el asunto de fondo: la seguridad social universal, no ligada exclusivamente a un contrato laboral. Existen muchas actividades que no cuentan con seguridad social: taxistas, repartidores de otros negocios, despachadores de gasolina. Es incongruente que se quiera dotar de seguridad social sólo a los trabajadores de plataformas y se ignoren otros sectores.
El IMSS no ha explicado si tiene la capacidad financiera y operativa para prestar servicios de salud a los 658 mil trabajadores de plataformas que la reforma pretende cubrir. La solución no es forzar una relación laboral, sino diseñar un esquema de seguridad social sin subordinación donde los trabajadores puedan acceder a servicios de salud y ahorro para el retiro.
La reforma a las plataformas digitales se presenta como una forma de dignificar el trabajo, pero oculta su verdadero costo. la subordinación pone en riesgo la flexibilidad que ha permitido a miles de mexicanos generar ingresos adicionales. La solución no es mayor regulación, sino un sistema de seguridad social universal que brinde protección sin comprometer la autonomía de los trabajadores.
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