ELÍAS CAMHAJI. EL PAÍS
Los sectores más radicales del Partido Republicano se enfrentan a un nuevo revés. Los demócratas han presentado una enmienda en el Congreso que condiciona la aprobación del presupuesto del Ejército a cambio de que el dinero no sea utilizado en operaciones militares en México, como habían propuesto algunos legisladores conservadores desde hace meses para combatir a los carteles de la droga. La resolución prohíbe expresamente que los recursos sean utilizados en territorio mexicano sin la autorización del Poder Legislativo, pero puede ser bloqueada por la mayoría republicana.
“Recientemente, los republicanos han expresado su apoyo a que se envíen tropas militares a México, lo que sería un verdadero desastre”, afirmó Nydia Velázquez, representante demócrata por Nueva York y autora de la enmienda. En medio de la crisis que azota a Estados Unidos por el consumo de fentanilo, miembros del ala ultra y de los sectores políticos más conservadores del país norteamericano han puesto en la mira la estrategia de Seguridad del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y han empujado la idea de que las Fuerzas Armadas estadounidenses deben intervenir del otro lado de la frontera.
El Gobierno mexicano ha sido tajante en su rechazo ante lo que considera que es una violación de su soberanía y una estrategia para ganar votos en las elecciones del próximo año. López Obrador ha sido vocal en repetidas ocasiones sobre la “manía” de Estados Unidos de considerarse “el Gobierno del mundo” y de interferir en los asuntos internos de otros países. “Es pura propaganda. México es un país independiente”, condenó el mandatario en marzo. “No somos una colonia de EE UU”, dijo otras veces. El encontronazo entre las autoridades mexicanas y congresistas repúblicanos como Dan Crenshaw, Lindsey Graham o Mike Waltz se ha extendido durante meses y ha aumentado las tensiones en la relación bilateral, pese a que ambos Gobiernos han defendido que hay un diálogo fluido y amigable en el combate al crimen organizado.
La enmienda de Velázquez, una veterana legisladora que se convirtió en la primera mujer puertorriqueña en llegar al Congreso, recibió el apoyo de otros congresistas demócratas de origen latino, como Chuy García, que nació en el Estado mexicano de Durango, y el texano Joaquín Castro. Rashida Talib, que hizo historia como la segunda musulmana en llegar a la Cámara baja, también se sumó la propuesta. La resolución de los demócratas progresistas es una respuesta directa a las pretensiones de sus adversarios políticos y es el pronunciamiento más claro que ha habido contra la propuesta de los republicanos de línea dura. La Cámara baja tiene la voz cantante sobre el presupuesto del Gobierno, el llamado “poder del bolsillo”.
“Los recursos federales no podrán utilizarse de ningún modo en operativos militares dentro o en contra de México”, se lee en en el documento. Las únicas excepciones previstas son que “el Congreso de Estados Unidos declare la guerra a México” o que se de una autorización expresa para ejercer el uso de la fuerza del otro lado de la frontera conforme a la Resolución de poderes de guerra, una ley destinada para controlar cómo y contra quién el Ejecutivo estadounidense puede iniciar un conflicto armado. Otra excepción es que se lance una operación militar para auxiliar o rescatar a ciudadanos estadounidenses en situaciones de peligro en territorio mexicano.
El nuevo candado impulsado por Velázquez aleja aún más la posibilidad de una intervención militar en México contra los cárteles del narcotráfico. Desde que emergió la propuesta en medios parecía poco probable que se aprobara en ambas Cámaras. Además, una ofensiva bélica de ese tipo tendría que ser apoyada por el Gobierno de Joe Biden, que se ha mostrado reticente.
La propuesta de que el Ejército estadounidense intervenga contra los grupos criminales no es nueva. Se barajó, de hecho, desde la Administración de Barack Obama y cobró fuerza durante el Gobierno de Donald Trump, pero nunca tuvo un respaldo tan visible como ahora. El hecho de que su aprobación sea poco probable no ha impedido que algunos republicanos llevaran la propuesta al terreno electoral para buscar un asiento en la próxima legislatura o, incluso, para competir por la candidatura presidencial de su partido. Y cada vez más políticos conservadores han apoyado el uso de efectivos militares en México, no solo contra los carteles, sino también para frenar la inmigración. Entre ellos están el propio Trump y el gobernador de Florida, Ron de Santis, de acuerdo con los medios de comunicación estadounidenses. Trump, de hecho, coqueteó con la idea de lanzar misiles para destruir laboratorios de droga en México, según el libro de memorias de Mark Esper, exsecretario de Defensa.
Las miradas están puestas en lo que pase el próximo año, cuando ambos países tienen elecciones presidenciales. Conscientes de que la reconfiguración del tablero político en ambos lados de la frontera puede dar nueva vida a la polémica propuesta, la red consular de México se ha movilizado para que los ciudadanos no voten por los candidatos de línea dura. Hay más de 36 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, de acuerdo con el Pew Research Center.
Es reportero en México de EL PAÍS. Se especializa en reportajes en profundidad sobre temas sociales, política internacional y periodismo de investigación. Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es máster por la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.