El Congreso de Michoacán aprobó este jueves la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, con 27 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones.
Esta medida convierte a Michoacán en la decimoquinta entidad del país en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
El dictamen, impulsado por integrantes de Morena como Fabiola Alanís Sámano y respaldado por otras fuerzas progresistas, deroga varios artículos del Código Penal de Michoacán para garantizar que las mujeres, adolescentes y personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo dentro del periodo legal ya no sean criminalizadas.
Alanís destacó que esta reforma representa un avance en la lucha por los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y señaló que la medida busca eliminar la estigmatización y criminalización de quienes deciden abortar. “No podemos seguir persiguiendo a las mujeres por tomar decisiones sobre su propio cuerpo”, remarcó la legisladora.
Por su parte, quienes se opusieron, como Baltazar Gaona del Partido del Trabajo (PT), argumentaron que la despenalización del aborto vulnera el derecho a la vida consagrado en la Constitución.
En contra también se expresó la bancada del PAN. La diputada blanquiazul Vanessa Caratachea Sánchez calificó la medida como un retroceso para los derechos de las mujeres, al considerar que “censura” más que empoderarlas. Además, destacó que esta reforma podría ser un intento de algunos legisladores de “ganar reflectores políticos”.
En contraste, diputados como Víctor Manríquez, de Movimiento Ciudadano, defendieron la necesidad de garantizar un aborto seguro para evitar que las mujeres más vulnerables recurran a prácticas clandestinas y peligrosas. Manríquez subrayó que la despenalización es un paso crucial para proteger la vida y salud de las mujeres en situaciones difíciles.
El dictamen aprobado incluye reformas al artículo 141 del Código Penal para definir el aborto como la interrupción del embarazo posterior a las 12 semanas. Además, establece penas severas de hasta 20 años de prisión para quienes interrumpan un embarazo sin el consentimiento de la persona gestante.
Cuartooscuro