(ROLANDO CORDERA CAMPOS. LA JORNADA)
En 2004, en pleno jolgorio por la alternancia habida en la presidencia de la República, el Congreso aprobó la Ley General de Desarrollo Social que establecía la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, para coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social del gobierno federal. El organismo, tenía la encomienda de emitir criterios y lineamientos de los programas sociales que ya formaban un foco de atracción e intención tanto para grupos de la sociedad como para la academia, ávidos de información para emprender empresas de investigación y reflexión política y programática con los responsables de esos programas y políticas que, no pocos, veían como medios para ir superando una pobreza que, sin haberla medido hasta entonces a satisfacción, resultaba del todo incompatible con la democracia que irrumpía.
Veinte años después, un nuevo Congreso ha dado por terminada las encomiendas del Consejo, entre éstas, la medición de la pobreza iniciada en 2008. Se trató de una metodolgía que, sin haber satisfecho a todos, considera(ba) congruentemente una perspectiva multidimensional para entender y combatir consistentemente a la pobreza: los ingresos, el rezago educativo, el acceso a servicios de salud y a la seguridad social, la calidad y servicios básicos en la vivienda, el acceso a la alimentación y el grado de cohesión en las comunidades y regiones estudiadas.
La utilidad de ese ejercicio, inspirado en variadas experiencias internacionales, era y es clara: proporcionar una información robusta que diera sostén a la construcción de políticas sociales que concitaran consenso, respeto político y social, a más de inteletual, y contribuyeran a superar la pobreza, en primer término la llamada pobreza extrema, y también a reducir la vulnerabilidad de millones de mexicanos.
Los informes del Coneval han permitido tener una radiografía aceptable del estado de nuestra cuestión social, pero no han sido bien vistos por los grupos dominantes y sus gobiernos quienes, como es posible inferir, hubieran preferido que las fotografías
fueran tomadas desde otros ángulos. Algunos, buscaron maquillar las cifras para edulcorar un inaceptable rezago histórico, como lo es nuestra perenne desigualdad o, bien, no alterar el camino tomado del cambio globalizador por considerarlo libre de fallos. Lo demás, nos decían sería lo de menos, siempre y cuando tuviéramos paciencia.
El gobierno anterior, junto con el actual, no ha ofrecido una explicación, muchos menos satisfactoria, a la desaparición del Coneval, y el Congreso se ha manchado de vergüenza política e institucional al aprobar, sin chistar, las propuestas del gobierno. Esta operación de demolición no ahorra nada y desde luego ni borra las condiciones precarias y fragiles de la existencia de millones de mexicanos, ni evita que siga el deterioro de nuestras estructuras sociales, educativas, culturales, regionales.
Más que haber votado la desaparición del organismo, sin argumentos válidos, deberíamos, gobierno y sociedad organizada, haber dado paso a discusiones de fondo, en el Congreso, los medios y la academia, no sólo sobre el Consejo, cuya utilidad no debería soslayarse, sino sobre nuestra deteriorada y descuidada, no atendida integralmente, cuestión social. Así podríamos contar con una buena evaluación de los programas sociales puestos en acto en estos veinticinco años. Una ocasión privilegiada para plantear(nos) con seriedad el impulso a un nuevo curso de desarrollo que recupere la centralidad de la justicia social y, desde ahí la actualización y recuperación del Estado y del propio desarrrollo económico y social.
Como pocas veces en nuestra historia contemporánea, muchos sentimos y sufrimos la falta de un Estado con capacidad de ver el todo y de ponerlo en perspectiva; un Estado que diseñe e impulse políticas capaces de rearticular demografía y economía, responsabilidad ambiental con capacidades productivas y fortalecimiento de la convivencia social dentro de marcos democráticos. Un Estado dispuesto a convocar a una amplia reforma del Estado, fiscal y hacendaria para ser efectivamente redistributiva y que tenga en el centro la justicia social.
El desaparecido Coneval nos proveía de mediciones que daban cuenta de los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas orientadas a superar el gran rezago histórico de la desigualdad, que nos cruza y se aloja en una pobreza masiva inicua. Estas mediciones no deben quedar a la deriva. Urge recogerlas y protegerlas.
No es tarea de unos cuantos ni será fruto de la curiosidad generosa de los investigadores que, en buena medida gracias al Coneval, maduraron y adquirieron conocimientos y destrezas. Es una tarea política fundamental para orientarnos y no perdernos entre transformaciones y globalizaciones abigarradas, sin memorias ni reflejos históricos. Esperemos que haya tiempo.
