NELLY TOCHE. EL ECONOMISTA
La directora general del Conahcyt acudió por primera vez a un foro académico desde la presentación de la iniciativa de la Ley HCTI; para muchos investigadores esta reunión llegó tarde y tienen “otros datos”.
La directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla, acudió al Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM para defender la recién aprobada Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI). Fueron pocos los investigadores (alrededor de 50 presenciales y 60 virtuales) los que llegaron a esta reunión propuesta por la doctora Margarita Rosado, investigadora de dicha institución, quien aseguró estar de acuerdo con varios puntos de esta Ley y convencida de que “mediante la comunicación e intercambio de ideas se puede lograr un avance para seguir abonando a los argumentos”.
Para un número importante de investigadores esta reunión llega tarde; sin embargo, el llamado ‘coloquio’ es parte de una serie de eventos que el personal académico de dicho instituto realiza para analizar la nueva ley, la cual ha sido motivo de preocupación por parte de la comunidad académica del país. Durante su presentación, la directora del Conahcyt dijo que “no hay de qué preocuparse”; sin embargo, al ser cuestionada por algunos investigadores no pudo dar respuestas satisfactorias.
En general, el ambiente parecía de duda e incertidumbre, incluso con preguntas aparentemente básicas que la representante de Conahcyt dijo desconocer, incluso por primera vez en un foro al que fue invitada, aseguró entender que son preguntas “pertinentes y difíciles”. Por ejemplo, Blanca “N”, estudiante de maestría del Instituto de Astronomía del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (Cicese) compartió: “En Ensenada, como estudiantes convivimos con estudiantes de diversas instituciones y todos llegamos a la misma conclusión, la vida aquí es más cara, ¿se ha considerado este aspecto en la ley? Yo pago 2,100 pesos de renta, otros 2,500, otros 250 dólares porque se cobra en dólares, la comida en la cafetería es de 100 pesos, esto nos preocupa”.
Al responder a la estudiante Álvarez-Buylla dijo: “No me queda más que estar de acuerdo en que hubiera sido importante que en su momento, así como se asignó una UMA más a colegas del SNI en la Ciudad de México, se viera este tema, esto se me hace muy importante y no tengo una respuesta, porque implicaría una asignación presupuestal importante. Te prometo, y he ahí por qué es tan importante escuchar las propuestas, me llevo la tarea de indagar qué presión de gasto implicaría aumentar las becas en ciertas zonas, por ejemplo”.
Se comprometió a revisar también montos en infraestructura que fueron denunciados por uno de los investigadores, quien aseguró, quedaron sin apoyos. “Recientemente nuestro director nos mostró las gráficas de cómo han ido disminuyendo los apoyos al Observatorio Astronómico Nacional, del cual somos responsables. Nosotros nos apoyábamos en el Programa de Laboratorios Nacionales y ha ido a la baja drásticamente ¿Podemos esperar que se recuperen este tipo de apoyos, dado que es un laboratorio único en México?”, dijo Roberto “N”, investigador del Cicese. La directora respondió: “tomo como cierta la manifestación que hacen, pero también había desvíos importantes de recursos, pero es importante el apoyo a la infraestructura, habrá que valorar con toda seriedad los proyectos”.
Incertidumbre y desconocimiento
Durante meses, parte de la comunidad académica se ha manifestado en contra de la Ley, incluso hoy existen alrededor de 30 amparos organizados por el Colectivo Ciencia Plural y Uniendo Caminos, además de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte por parte de legisladores, otros han dicho tener miedo de hablar y “perderlo todo”. Los investigadores argumentan “no sentirse escuchados y no plasmar sus preocupaciones y necesidades en la Ley”, el ejemplo son las dudas genuinas que se observaron en los pocos investigadores que decidieron acudir a este coloquio.
Investigadores del Cicese y de la Universidad Autónoma de Baja California expresaron su preocupación por el descenso de los proyectos aprobados en el último año, sobre el recorte a investigadores que estaban trabajando en un proyecto y tuvieron que renunciar por impagos durante meses, la administración tardía de los recursos presupuestales que hace inviable el desarrollo de proyectos y obliga a devolver el dinero, por la falta de claridad de la supuesta “agenda nacional” para poder aplicar a través de los mecanismos que la ley establece.
Julio “N”, investigador del Cicese expresó: “En la presentación se ve muy claro un aumento y apoyo, por ejemplo, a estancias posdoctorales, pero por otro lado cuando se presenta el número de proyectos aprobados, a lo mejor interpreto mal la información, pero en el número absoluto ¿no hay un deceso de apoyos en el mismo periodo?, y en esta nueva Ley ¿cómo se prevén financiar todos estos proyectos?”
De igual manera, colegas de la Universidad Autónoma de Baja California se apoyaban en los programas PIFI (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional), para completar sus actividades académicas y han desaparecido, la pregunta sigue siendo la misma, ¿cómo con esta Ley se recuperarán las capacidades?
Otra pregunta de manera virtual fue: ¿Cómo se va a garantizar la operatividad de los proyectos aprobados de ciencia si a la fecha no se han administrado los recursos? Específicamente él participa en la Convocatoria de Paradigmas y Ciencias de Frontera, “me preocupa que, al tener tan poco tiempo, y que no se puedan cumplir con los objetivos, se tenga que regresar el recurso, por los tiempos”.
La responsable de otro proyecto en el IA agregó: “yo también soy responsable de un proyecto, desgraciadamente gran parte de mi presupuesto era para un investigador posdoctoral y terminamos la administración el año pasado, se me auditó, pero aún no se recibe el dinero para este año y el investigador renunció, pues desde diciembre no ha recibido dinero y obviamente se fue. Sería bueno revisar los tiempos, porque fue catastrófico para nosotros”.
Ante dichos cuestionamientos, la directora del Conahcyt dijo que probablemente son “hechos aislados” y que los revisaría personalmente; sin embargo, este tipo de fallas se han documentado constantemente por investigadores de diversas instituciones, que no han recibido los apoyos en tiempo y forma, generando un subejercicio importante.
Una investigadora más cuestionó sobre la agenda nacional, “se habla de atacar la agenda a través de los Pronaces y Pronaii, además de proyectos de asignación directa, ¿Cómo logramos identificar los investigadores cuál es esa agenda científica para poder nosotros entrar a competir alrededor de esos proyectos? Esa parte no está clara”.
La directora no está al tanto de manifestaciones
Alvarez–Buylla habló durante hora y media reiterando los argumentos de sus discursos anteriores, insistiendo en que el proceso de consulta fue robusto, y con que nueva ley habrá un ejercicio presupuestal más claro para el sector científico del país.
Por su parte, José Antonio Ruiz, director de Consulta y Estudios Normativos del Conahcyt, dio elementos puntuales en la nueva Ley que responden a la forma en que se debe actuar actualmente y que pudieran dar tranquilidad a los investigadores, sin embargo, el fondo aún está pendiente (con qué recursos se logrará).
Al principio y al final de la reunión, la prensa intentó hablar con la directora del Conahcyt sin éxito, lo único que aseguró es no estar al tanto de detalles sobre las manifestaciones de los investigadores en contra de la Ley y reiteró que para ella el proceso de consulta fue robusto. Sobre si procede la acción de inconstitucionalidad de la Ley, Ruiz explicó que habría que esperar los términos en que se decretaría la resolución y la Corte daría pauta para eso, por lo que no se pueden adelantar respuestas.
