(RAMÓN AGUIRRE. EXCÉLSIOR)
El uso de las aguas de ríos que sirven de frontera entre países es un tema complejo que implica aspectos geopolíticos, ambientales, legales y de derechos humanos. Para garantizar una gestión adecuada, es fundamental que: (i) los países definan cómo compartir el agua a través de tratados y acuerdos binacionales, (ii) los países tengan acceso al agua de manera justa, considerando sus necesidades y capacidad de aprovechamiento, (iii) se pacte que la calidad del agua deba mantenerse dentro de estándares aceptables para evitar contaminación y proteger ecosistemas, (iv) se cuente con mecanismos diplomáticos para evitar disputas por el uso del agua, (v) existan acuerdos que regulen la distribución del agua en tiempos de sequía o escasez.
El Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos es un instrumento de gran relevancia, diseñado con un alto nivel técnico y evaluaciones sorprendentemente precisas para su época. Aunque las negociaciones fueron complejas, el resultado fue altamente favorable para México, ya que el país obtuvo el derecho a recibir 1,850 millones de metros cúbicos anuales (MM³/año) del río Colorado, mientras que reconoció el derecho de los agricultores de Texas a extraer 432 MM³/año del río Bravo.
Uno de los aspectos más relevantes del tratado es que México recibe más agua de la que entrega. Sin embargo, esto no se debe a un beneficio concedido en la negociación, sino al reconocimiento de un derecho adquirido. Desde antes del acuerdo, agricultores mexicanos utilizaban el agua del río Colorado, así como los agricultores estadunidenses aprovechaban el río Bravo. El tratado simplemente formalizó esta realidad preexistente. Para supervisar su cumplimiento se creó la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), con una sección mexicana y otra estadunidense. Esta comisión se encarga de medir y monitorear los volúmenes de agua entregados con apoyo de estaciones hidrométricas y, en casos de sequía, es el organismo donde se negocian ajustes en las entregas.
Según el tratado, México debe entregar a Estados Unidos un tercio del caudal de seis afluentes del río Bravo: Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Las Vacas. El volumen mínimo anual comprometido es de 432 MM³, pero dado que la cuenca del río Bravo presenta grandes variaciones, se estableció un ciclo de cumplimiento de cinco años. En este periodo, México debe entregar 2,160 MM³, con la posibilidad de diferir pagos en caso de sequía extrema.
Aunque estrictamente México aún no debe agua, pues el ciclo 36 vence el próximo 24 de octubre, sólo ha entregado, a la fecha, el 30% del volumen pactado (650 de 2,160 MM³), dejando un faltante de 1,500 MM³, imposible de cubrir en los meses restantes, además, el poco volumen entregado no corresponde al tercio del agua que escurre por los afluentes mexicanos, sino que se trata del agua que derraman las presas cuando llegan a verter por estar llenas. Esto ha generado que senadores republicanos por Texas exijan a su gobierno presionar a México por la deficiente entrega de agua.
El senador Ted Cruz, en una visita al Valle del Río Grande, junto con la secretaria de Agricultura de EU, Brooke Rollins, advirtió que la nueva administración hará cumplir el tratado: “Con el presidente Trump en el cargo y la nueva administración, vamos a conseguir el agua. México va a cumplir. Ignorar el tratado ya no será una opción para México”.
El manejo de este tema puede traer repercusiones significativas, en especial para los agricultores del Valle de Mexicali, principales beneficiarios del agua recibida del río Colorado. La tensión en torno al cumplimiento del tratado podría derivar en presiones comerciales o políticas, por lo que es crucial que México aborde esta situación con una estrategia diplomática bien estructurada, buscando soluciones que permitan evitar un conflicto que afecte tanto los intereses agrícolas como las relaciones bilaterales.
