(CIRO MURAYAMA. EL FINANCIERO)
La humanidad vive la epidemia de droga más letal de su historia, que supera a las de la heroína, la cocaína o las metanfetaminas. La pandemia actual se debe al consumo de fentanilo, un opioide sintético, de bajo costo de producción y fácil de transportar y distribuir. Esta crisis, de alcance global, tiene su epicentro en Estados Unidos, donde sólo el año pasado murieron por sobredosis 110 mil personas, 300 al día. Esos fallecimientos son la primera causa de muerte entre la población estadounidense de 18 a 45 años, por delante de los homicidios. Pero hay víctimas crecientes en personas de 65 y más años, pues mientras en el año 2000 la mortalidad por sobredosis en adultos mayores registró una tasa de 2.4 por cada 100 mil habitantes, para 2020 la tasa casi se había cuadruplicado al llegar a 8.8. (Cifras tomadas de artículos de Vanda Felbab-Brown, investigadora del Instituto Brookings en Washington, disponibles en: https://mexicotoday.com/category/opinion/vanda-felbab-brown/).
El fentanilo, hay que subrayarlo, debe diferenciarse en dos clases: a) el farmacéutico, que recetan los médicos para tratar el dolor intenso en pacientes después de cirugías y ante cáncer en etapas avanzadas y, b) el fentanilo de manufactura ilegal (IMF por sus siglas en inglés) que, mezclado con otras drogas, es la causa del grueso de las sobredosis.
Esta pandemia es uno de los más crudos ejemplos en la historia económica del capitalismo de cómo el afán de lucro de grandes compañías, aun siendo legales, al capturar y debilitar a las agencias reguladoras del Estado que deben velar por el interés público, puede volverse una severa amenaza contra la sociedad.
En Estados Unidos, abunda evidencia de cómo en el origen de la pandemia del fentanilo estuvieron enormes compañías farmacéuticas que, a través de redes de médicos pagados para ese fin, terminaron por inducir la adicción a opioides sintéticos de miles y miles de personas. Incluso documentales y series de televisión narran la responsabilidad de la industria farmacéutica y las fallas de las agencias estatales para poner un alto oportuno (como las series Dopesick o Painkiller).
Una vez desatada la pandemia desde los oferentes legales, hicieron su aparición los suministradores ilegales, los cárteles del narcotráfico.
En Estados Unidos el fentanilo es un grave problema de salud pública y un asunto de primer orden para su seguridad nacional. Es, por lo mismo, un tema central en la disputa política en ese país. México, por distintas razones, está profundamente inmerso en este delicado problema y más valdría tomar plena conciencia.
Por un lado, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, refiere que la mayor parte del fentanilo de producción ilegal es suministrada por los dos principales cárteles que operan en México, el de Sinaloa (y su derivación Los Chapitos) y el Jalisco Nueva Generación.
Por otra parte, se documenta —como hacen las investigaciones periodísticas de Los Angeles Times y Vice news— que en farmacias legales, sobre todo en zonas de alta afluencia de turismo extranjero (la Riviera Maya, Puerto Vallarta, Los Cabos), se venden medicamentos adulterados con fentanilo y metanfetaminas sin que los clientes lo sepan. Son productos a los que se accede sin receta médica y que hasta se pueden comprar por correo. Se añade, así, un peligroso eslabón a la cadena por la que se extiende la pandemia por distintos continentes.
Como los precursores del fentanilo son adquiridos por los cárteles mexicanos a suministradores de China, rival norteamericano, el asunto adquiere dimensiones geoestratégicas.
En Estados Unidos, legisladores del Partido Republicano impulsaron que los cárteles mexicanos sean declarados organizaciones terroristas extranjeras, lo que implicaría su combate militar en nuestro territorio y el fin de la cooperación binacional. En los próximos meses, es latente el riesgo de que por estrategia política crezca la animosidad hacia México.
Mientras, aquí, contra toda evidencia, el presidente López Obrador niega que se produzca fentanilo y minimiza la crisis. No permitió que se conociera al menos hasta qué grado la pandemia de opioides afecta a la población mexicana, pues arguyó motivos de austeridad para cancelar la encuesta nacional de adicciones que debió levantarse en 2022.
Ante la más grave pandemia de drogas en la historia, el gobierno de México opta por la infantiloide salida de cerrar los ojos, como así fuera a conjurar el problema.