(JULIO ALEJANDRO MILLÁN. EL UNIVERSAL)
El paquete económico se presentará hasta el último día posible: el 15 de noviembre. Esto nos indica que se está revisando de manera exhaustiva, considerando los estrechos márgenes existentes. La integración de los presupuestos de ingresos y egresos que ejercerá el gobierno en 2025 se lleva a cabo en un entorno de incertidumbre económica y política. Las crecientes presiones fiscales se conjugan con la inestabilidad derivada de reformas y conflictos internos, así como con los resultados de la elección presidencial estadounidense.
El presupuesto público está siendo afectado por la complicada situación de la alta deuda generada por un gasto desmesurado y por el débil crecimiento de nuestra economía. Los pre-criterios para 2025 presentados en marzo estimaban un crecimiento para 2024 entre 2.5% y 3.5%, junto con un rango de crecimiento para 2025 de entre 2.0% y 3.0%. Sin embargo, estas proyecciones tendrán que ser revisadas a la baja como consecuencia de los acontecimientos recientes, lo que implica importantes repercusiones. Actualmente, las expectativas promedio de crecimiento anual son del 1.5% para 2024 y del 1.2% para 2025, lo que representa una reducción significativa con un impacto directo sobre las finanzas públicas. Cabe resaltar que, en los últimos 3 años, la estimación de crecimiento del PIB establecida en los CGPE ha quedado corta; a su vez la deuda sobrepasa las expectativas.
Al plantear el presupuesto, se enfrentarán dos retos principales: financiar el mayor gasto social y de inversión pública, y la necesidad de reducir el déficit. De entrada, el ambicioso plan de reducir el déficit al 2.5% del PIB ha sido prácticamente abandonado; ahora se busca reducirlo al 3.5%, como se anunció al firmar una extensión de dos años sobre la línea de crédito de 35 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También será necesario observar si se abandona el propósito de mantener el nivel de deuda en un 50.2% del PIB. La esperada consolidación fiscal enfrentará importantes desafíos para sanear las finanzas y asegurar la estabilidad económica y social.
Sin duda, recortar el gasto que ha pasado del 24.9% del PIB en 2019 al 30.3% en 2024, para evitar un aumento adicional de la deuda es crucial. Cabe señalar que la mayor deuda implica un costo financiero significativo; se estima que para 2025, el costo de la deuda será cercano al 3.5% del PIB, lo que representará dedicarle alrededor del 16% de los ingresos gubernamentales. En este contexto, se requerirá una reducción mayor al 8.8% real planteado en marzo pasado, lo cual suena incompatible con los proyectos de gasto e inversión anunciados por el nuevo gobierno, que incluyen incrementos en programas sociales y de bienestar, así como expansiones en educación y salud. Además, se han anunciado una serie de proyectos de infraestructura en áreas como energía, transporte y vivienda, sin olvidar el gasto relacionado con las elecciones judiciales.
La consolidación fiscal probablemente apuntará a los aspectos más frágiles y menos políticamente comprometidos de la estructura del gasto. Inicialmente, se podría considerar la eliminación de organismos autónomos; también podría haber congelación en contrataciones públicas y reducción de la nómina, lo que afectaría al mercado laboral. En general, se espera un enfoque austero en la operación diaria, lo que podría incrementar la situación de pauperización, dejando al gobierno trabajando sobre ruinas. El problema es que esta tendencia podría alimentar aún más la percepción de riesgo y continuar mermando nuestra economía, generando mayor presión fiscal.
Ante esta situación, será cada vez más evidente la necesidad de incrementar los ingresos. Dado el crecimiento económico limitado, esto dependerá principalmente de la capacidad para aumentar la recaudación no tributaria. En ausencia de una reforma fiscal integral, se anticipa una mayor y más eficiente fiscalización en las operaciones aduaneras y sobre los contribuyentes; el combate a la evasión fiscal será estratégico. El objetivo debe ser un incremento en los ingresos superior al 0.6% planteado en marzo.
Sería deseable que los presupuestos de ingresos y egresos busquen impulsar el crecimiento económico mediante un gasto más productivo basado en la implementación de obras que favorezcan la atracción y expansión territorial de la inversión productiva. Especialmente ante un entorno de desconfianza producto de las reformas que desestabilizan y tiene potencial de debilitar el Estado de Derecho. Para ello, se requiere una mayor intervención del sector privado junto con esquemas financieros que liberen recursos fiscales a corto plazo, proporcionando mayor holgura al gasto social.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
