ISAAC TORRES CRUZ. CRÓNICA
Se busca un marco jurídico que fortalezca a nuestro país por lo menos para los siguientes 50 años: Javier López Casarín · Participan de la ANUIES, UNAM, Tec, Ibero, UP, UdeG, UJAT, UAM y Red ProCiencia, CCE entre otros.
Los parlamentos abiertos para la elaboración de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación iniciaron en la Cámara de Diputados con una amplia participación. Más de 300 participantes se inscribieron en la primera sesión realizada este miércoles en el recinto legislativo; los asistentes que asistieron presencialmente debieron rotar su permanencia en el salón “Protocolo”, el cual también contó con la participación de varios legisladores de las comisiones de Ciencia y Educación, encabezados por presidente de la primera, Javier López Casarín.
“Contamos con el registro de más de 300 inscritos a este primer foro, hay peticiones de otras personas físicas y morales que han querido inscribirse, lo cual nos señala que hay un gran interés por lo que estamos y estaremos trabajando en los siguientes foros”, dijo el diputado del Partido Verde Ecologista durante la inauguración de la primera sesión. Añadió que las juntas directivas de ambas comisiones acordaron llevar a cabo, “como mínimo”, siete foros de parlamentos abiertos.
“Pueden existir diferentes puntos de vista e incluso perspectivas divergentes sobre lo que conviene para una agenda nacional”, apuntó López Casarín. “Pero es desde el acercamiento de las visiones diferentes, y a veces contrapuestas, como se edifica la pluralidad, la cual enriquece el debate político”.
Agregó que los parlamentos buscarán escuchar lo que le toca vivir a la comunidad académica en lo cotidiano y sus opiniones sobre cómo una nueva ley puede impactar a sus actividades. “Para que sea un ejercicio exitoso, a los legisladores nos corresponde escuchar, poner atención, procesar lo mucho que cada uno de ustedes nos tiene que compartir y señalar, lo que estamos trabajando es una plataforma para un marco jurídico que fortalezca a nuestro país por lo menos para los siguientes 50 años”. Explicó además cómo se procesarán las participaciones vertidas en los parlamentos abiertos y detalló que el Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento abierto de la UNAM, dirigido por Khemvirg Puente, dará acompañamiento y recomendaciones conforme se vayan desahogando los foros, lo cual brindará transparencia y certidumbre.
El diputado puntualizó que la moderación de los parlamentos se ajustará a los tiempos asignados, no obstante, desde las secretarías técnicas de ambas comisiones se sistematizará la información vertida, generando una minuta. De esta forma, “se identificarán los puntos de mejora y las áreas de oportunidad de las iniciativas sobre la materia que se tienen para el estudio de ambos cuerpos colegiados y así consolidar un dictamen con el mayor consenso posible y mayor respaldo de las comunidades de humanidades, ciencia, tecnología e innovación”.
Anunció además que, como parte de los trabajos bicamerales con el Senado, éste convocará a otro foro a partir de las minutas obtenidas en la Cámara de Diputados.
Las presidencias de ambas comisiones, añadió, buscan abrir “todos los canales de comunicación que sean necesarios” para que la comunidad científica, humanística, tecnológica e innovadora del país manifieste sus inquietudes y propuestas para fortalecer el ejercicio de dictaminación. “Bienvenido será el apoyo para que todas las voces sean escuchadas, las de todos los sectores involucrados e impactados por el ejercicio. En la pluralidad encontraremos nuestras fuerzas y daremos certidumbre al andar de nuestra nación en el sendero del siglo XXI, que promete ser disruptivo”.
PRIMERAS PARTICIPACIONES.
A lo largo de la tarde del miércoles se expusieron opiniones de académicos (as) y académicas respaldando o mostrando las contradicciones de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo, elaborada por Conacyt, aunque la convocatoria se abrió a la discusión de todas las iniciativas, como manifestó López Casarín.
Con argumentos sostenidos, otros más débiles, algunos más politizados e ideologizados, transcurrió el parlamento, en el que participaron académicas (os) de diversos Centros Públicos de Investigación, así como de la ANUIES, UNAM, Tec, Ibero, UP, UdeG, UJAT, UAM y Red ProCiencia, CCE entre otros.
Entre las participaciones iniciales del primer foro, llamado “El Derecho Humano a gozar de los beneficios de la Ciencia”, se encontró la de Luis Armando González Plascencia, secretario general de la ANUIES quien se refirió al tema del financiamiento del sector, un tema “de gran complejidad, dado que los montos derivados de recursos públicos y subsidios del presupuesto público siempre serán insuficientes y deberán complementarse en la medida que la ley lo establezca con las actividades de vinculación de las instituciones de educación superior, sectores social y productivo…”.
NO DISCRIMINACIÓN.
Alexis Elías Zúñiga, del Tec, refirió que la ley no debe excluir a ningún investigador por hacer trabajo científico de acuerdo a su institución. “No importa que sea pública o privada, todos tenemos derecho de generar mucho valor”, La iniciativa federal, agregó, tiende a perder el federalismo, ya que se centraliza y no da oportunidades a los estados de potenciar lo que requieren, atendiendo las necesidades sociales y humanísticas de la entidad. “Tampoco vemos cómo los recursos en los estados surgirán de esta iniciativa (…) Si estamos pensando en un plan a 50 años debemos tener la estructura y los mecanismos que propicien que el quehacer científico de todos los investigadores sea llevado a cabo con alto valor, pensando en la sociedad”
En su oportunidad, Marisol Silva, académica de la Universidad Iberoamericana y miembro del Colectivo por la Ciencia, refirió que como parte del derecho humano a la ciencia se debe considerar la libertad de investigación. “La narrativa de la iniciativa de ley general de Conacyt, Artículos 11 al 13, muestra correspondencia, pero un análisis más detallado de la iniciativa nos hace notar contradicciones que acentúan la dictaminación. Si bien se pretende establecer una agenda nacional de ciencia, cuando se analizan los organismos hay una reducida distribución de las competencias, centralizadas en Conacyt, con una Junta de Gobierno sólo conformada por secretarías federales, sin pluralidad y voz de comunidad científica…”.
Añadió que el principio del derecho humano a la ciencia no admite la discriminación de sectores involucrados, sin embargo, la iniciativa promueve mecanismos que excluye a las instituciones de educación privadas. “En el Artículo 39 establece una prelación para el otorgamiento de becas de posgrado que coloca a los estudiantes de posgrado de instituciones particulares (…) De la misma manera, el Artículo 41 excluye del pago de apoyos económicos a investigadores de instituciones privadas que pertenecen al SNI, lo que constituye un retroceso a un derecho ganado desde 2013 respecto al trato equitativo en todo el
Posteriormente, participó Sergio López-Ayllón, académico de la UNAM y ex director del CIDE, quien resaltó que la Ley General debe, dentro del derecho a gozar los beneficios de la ciencia debe contemplar la coordinación, vinculación y participación de los sectores. No obstante, la propuesta del Ejecutivo contraviene este postulado. Ejemplificó que, si bien reconoce libertades de cátedra, al referirse a la forma en que el Estado la fomenta se encuentra sujeta a conjunto de principios que no están definidos y condicionan el ejercicio de esa libertad. “Esto es un problema que permea toda la ley porque para que el Estado fomente debe haber rigor epistémico, igualdad, pluralidad, equidad, valores importantes, pero que no pueden subordinar el ejercicio de las libertades de cátedra e investigación.
“Encuentro que hay, todo el tiempo, una tensión no resuelta entre participación, inclusión y concentración. Entre centralización y descentralización, entre metas de financiamiento plausibles y disponibilidad presupuestaria, entre incertidumbre y discrecionalidad, entre una ciencia que se fomenta y una que dirige y, sobre todo, falta de precisión normativa y una indeterminación discursiva en donde se dice ‘qué’, pero no se dice ‘cómo’ y se deja al arbitrio de la autoridad federal –en este caso de Conacyt– sin una participación adecuada de los otros actores y que hay que resolver en el proyecto del Ejecutivo o cualquiera otra ley, para que estos principios queden claros con la participación, por descentralización, por metas de financiamiento, por certidumbre, por fomento y por una precisión normativa”.
SIN IDELOGÍAS.
Sergio Bazán Ortega, de la Facultad de Derecho de la UNAM, expresó que la ley general de ciencia debe sumar en una cuestión de inclusión y no de una agenda política o ideología, “sino trabajar como en la ciencia, con objetividad e imparcialidad”.
Víctor Espinoza, director de El Colegio de la Frontera Norte manifestó que esta ley es lo que requieren los Centros Públicos de Investigación y que ha sido una propuesta muy discutida por la comunidad. Por su parte, Gisela Pérez Fuentes, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco externó la idoneidad de la propuesta del Ejecutivo: “como investigadora, si pudiera votar en este parlamento sería de mi mayor interés que este proyecto de decreto se convierta en la residencia legislativa de investigación”.
Más tarde, Julio García, del CIESAS, concluyó su participación haciendo referencia a que las voces de los investigadores de los CPI no han sido tomadas en cuenta, como han manifestado colegas y Conacyt. “Yo sé que mucha gente de los CPI no está aquí porque sienten que no van a ser escuchados, porque no han sido tomados en cuenta. Yo sólo me represento a mí, pero estoy seguro de que muchas personas hoy en día están muy al pendiente de esto porque no han sido tomadas en cuenta”.
