(BELÉN SALDIVAR. EL ECONOMISTA)
La Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, uno de los programas insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no puede ser financiado solamente con ahorros o reasignaciones presupuestales, así se plantea en el nuevo estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En el documento “Sistemas de Pensiones no Contributivos en América Latina y el Caribe”, la Cepal expone el caso de México, en donde consideró que la Pensión para el Bienestar constituye un punto de inflexión en las políticas de transferencias monetarias en México y en la región; sin embargo, ante el crecimiento de su presupuesto y un mayor alcance, indicó lo necesario que es garantizar su sostenibilidad financiera.
“Hasta ahora, la marcada ampliación de las transferencias monetarias en México, sobre todo las dirigidas a personas mayores, se ha basado en una reingeniería presupuestal que ha fomentado ahorros y permitido la realización de transferencias intrapresupuestarias para financiar programas y nuevos derechos sociales. No obstante, en el horizonte aparece la necesidad de contar con una perspectiva a mediano y largo plazos, con ingresos permanentes para gastos permanentes”, señaló.
El documento de la Cepal señala que, durante el 2019, el primer año donde se implementó la Pensión para el Bienestar a nivel federal, los recursos que se destinaron del presupuesto representaron apenas 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB). En cambio, para este año, ya representarán 1.3 por ciento.
“(Lo anterior) obliga a contar con una estrategia de financiamiento permanente que no puede limitarse a ahorros, reingeniería o reasignaciones intrapresupuestarias”, aseveró el organismo con sede en Chile.
Otros retos
Su sostenibilidad financiera a largo plazo no es el único reto al cual se enfrenta México por la Pensión para el Bienestar.
La Cepal señaló que este programa es el principal del gobierno en cuanto a transferencias monetarias, lo que deja a un lado otras como las que pueden estar enfocadas a la niñez.
“Desde una política social con perspectiva de trayectoria de vida, se observa una creciente divergencia entre los montos destinados a las personas mayores y los destinados a la infancia, precisamente el grupo etario en el que son más altas la incidencia y la intensidad de la pobreza”, subrayó la Cepal.
En este sentido, si bien destacó la solidez que se le ha dado a la Pensión para el Bienestar, el organismo señaló que puede ser momento de equilibrar las transferencias y hacer lo propio en otros programas, como aquellos relacionados con las infancias, lo cual ayudaría al combate contra la pobreza.
Para este año, se espera que se destinen 465,048 millones de pesos a la Pensión para el Bienestar, el programa social estrella de la actual administración federal y cuyo gasto representará 46.4% del presupuesto para subsidios en el 2024.
Desigualdad en la región
La Cepal llamó este martes a trabajar en ejes para lograr compartir la enorme desigualdad que impera en la región, en donde destacó el crecimiento económico como un factor esencial para combatir este problema.
“América Latina y el Caribe está en una crisis del desarrollo que se expresa en tres trampas: una de baja capacidad para crecer; una de alta desigualdad y de baja movilidad y cohesión social; y una de baja capacidad institucional y de gobernanza poco efectiva. Este seminario regional busca profundizar en el diagnóstico y propuestas para romper con los núcleos duros que determinan, en particular, la trampa de alta desigualdad y baja movilidad social”, explicó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal en el Cuarto Seminario Regional de Desarrollo Social.
En el evento, el representante de la Cepal destacó cómo la desigualdad va contra la justicia social, además de ser corrosiva para la cohesión social y para la estabilidad de los pactos sociales.
De acuerdo con el Secretario Ejecutivo, hay cinco factores que se deben abordar en la región para lograr una disminución de la desigualdad: la heterogeneidad productiva que no permite generar empleos de calidad para la mayoría de la población; los sistemas tributarios regresivos, con políticas sociales y de protección social de limitado alcance; cobertura insuficiente y baja calidad de la educación; brechas de género; así como la la discriminación y las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra indígenas, afrodescendientes y otros grupos de la población.
“Tasas bajas y mediocres de crecimiento hacen muy difícil, por no decir imposible, promover la transformación productiva, reducir la pobreza, reducir la informalidad, crear empleos de alta calidad y generar los ingresos fiscales para políticas sociales de impacto”, dijo.
