(MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ. EL ECONOMISTA)
“El glifosato es la mejor herramienta que tenemos hasta ahorita para poder sortear la producción a cómo nos las están pidiendo para poder estar en el mercado”, afirmó Enrique Riveros Echevarría, productor de maíz y hortalizas en Sinaloa y presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, quien sabe que el tiempo de la “transición para el uso de glifosato” se agota (31 de marzo de 2024) y que no hay acciones concretas por parte del gobierno federal que permitan garantizar la producción.
El Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de febrero de 2023, establece acciones no sólo para el glifosato, sino también para el maíz genéticamente modificado, se incluyó en el paquete de reformas que envió el Ejecutivo el pasado 5 de febrero a la Cámara de Diputados. “Sí se tienen que analizar ambos temas, van juntos, aunque cada uno merece una discusión abierta, en donde sí nos tomen en cuenta, pues han transcurrido dos años sin que se nos presenten alternativas”, dijo Riveros Echeverría.
El grave problema que vislumbra es que se cree un mercado negro, “ahora ésta es la mejor opción que tenemos disponible a precio, eficiencia por eso se ha seguido utilizando todo este tiempo desde que salió el decreto. Es importante decir que en México se utiliza diferente a Estados Unidos, Brasil o Argentina. Aquí solamente lo utilizamos -como no tenemos productos transgénicos que son resistentes a este agroquímico o a herbicida- no lo podemos aplicar junto con nuestras plantas, se aplica anterior a las siembras, para cuando tenemos el producto el herbicida ya se degradó, eso indican los estudios, no hay una contaminación entre el producto y la planta o el fruto de la planta que vamos a consumir”.
Actualmente, expuso no tenemos un producto que haga el mismo trabajo con la misma eficiencia, al mismo costo, o son menos eficientes y mucho más baratos, entonces el cambiarlo lo único que vamos a hacer es que posiblemente nos metemos en un problema peor que en el que ya estamos”.
En ese sentido, hizo un llamado al diálogo, a retomar las pláticas entre las partes involucradas para tomar decisiones que, por un lado supervisen el uso de glifosato, hasta en tanto se encuentra otro producto, sin que haya afectaciones”.
Al respecto, Juan Carlos Anaya, director general de Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA), recordó que el decreto de febrero de 2023 “permite la importación de maíz (amarillo y blanco) para consumo pecuario y industrial; pero prohíbe el maíz transgénico para el proceso de masa y harina para tortilla, sólo que a la fecha no está la norma que obliga al no uso y tampoco se conoce quién será la autoridad de vigilar”. Anaya sostuvo que el tema aún es más complejo cuando se suma la reciente iniciativa enviada a la Cámara de Diputados y que prohíbe los transgénicos “la iniciativa no es clara y precisa cuando dice para consumo humano es muy genérica”.
Actualmente México tiene un panel de controversia con Estados Unidos y Canadá quienes han solicitado a nuestro país que demuestre científicamente que el maíz transgénico daña la salud humana, animal y ambiental. México tendrá que importar 21 millones de toneladas de maíz principalmente amarillo para el sector pecuario e industrial, ya que sólo producimos 50% del maíz que se consume en el país.
