(JAIME RIVERA VELÁZQUEZ. EXCÉLSIOR)
Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2024, con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención (de Morena). Los legisladores obedecieron a su respectiva línea partidista, de modo que todos los votos a favor vinieron de las bancadas de Morena, PT y PVEM, mientras que los votos en contra fueron del PAN, PRI, PRD y MC. Los presupuestos de egresos de los años recientes son los que han recibido el menor número de votos a favor de los últimos veinte años, a consecuencia de la política de la bancada mayoritaria de no acordar con la oposición modificación alguna al proyecto del Ejecutivo.
El Presupuesto de Egresos aprobado para 2024 asciende a 9.06 billones (millones de millones) de pesos, un aumento de 368 mil millones de pesos respecto a lo aprobado en 2023. Este paquete económico implicará un déficit presupuestario de 1.69 billones de pesos (4.9% del PIB), 500 mil millones más que el déficit aprobado para 2023. Y si se consideran los “Requerimientos Financieros del Sector Público” para 2024, el endeudamiento representa 5.4% del PIB, un nivel récord en décadas. No puede decirse que sea un presupuesto austero.
Sin embargo, el presupuesto aprobado contiene disminuciones significativas en algunos ramos respecto al proyecto original. La gran mayoría de los ajustes a la baja corren a cargo del Poder Judicial, el Poder Legislativo y órganos autónomos como el INE, el Inai o la Cofece. Así, al Poder Judicial se le redujo 7.6 por ciento de su presupuesto, al Inai 6.1 por ciento, y al INE 13.2 por ciento. De este último, si dejamos de lado el presupuesto precautorio para una eventual consulta popular, la reducción neta es de 6 por ciento.
En contraste, los ramos administrativos del gobierno federal sólo tuvieron un ajuste de 0.2 por ciento. Más aún, hay aumentos considerables a la subvención a Pemex y a las transferencias en efectivo a grupos de población (becas y pensiones). La llamada “austeridad republicana” es selectiva. Más que ahorrar dinero público, parece que se busca debilitar a instituciones que, gracias a su autonomía, frenan eventuales abusos de poder.
Al mismo tiempo, no se aprobó ninguna partida etiquetada para ayudar a los damnificados por el huracán Otis ni a la reconstrucción de Acapulco y sus alrededores, a pesar de haberse extinguido, en noviembre de 2020, el Fideicomiso del Fondo Nacional para Desastres Naturales. Si los recursos que se destinen a los damnificados se diluyen en el gasto gubernamental general, no se garantizará su disponibilidad efectiva y menos aún su transparencia.
El presupuesto aprobado al INE para 2024 implica el recorte más alto de su historia en año electoral. Excluyendo las prerrogativas para los partidos políticos y la partida precautoria para una consulta popular, el “presupuesto regular” solicitado por el INE fue de 23 mil 757 millones de pesos. A este monto, la mayoría de la Cámara de Diputados le redujo 1,434 millones de pesos, equivalentes a 6 por ciento de lo solicitado. El presupuesto para 2018 sufrió una disminución de 800 millones, 4.4 por ciento menos de lo solicitado; en 2021, el ajuste ascendió a 870 millones, 4.3 por ciento menos de lo requerido.
Es poco responsable imponer al INE una reducción presupuestal de esa magnitud en un año en que van a llevarse a cabo elecciones de Presidencia, Senado y Cámara de Diputados, así como elecciones locales en las 32 entidades federativas. Y esto es más grave porque, como ha ocurrido en los últimos años, la Cámara de Diputados mutiló el presupuesto solicitado por el INE sin dar una justificación técnica ni financiera. Ante las controversias constitucionales que el INE ha promovido en años anteriores en defensa de su presupuesto, en 2022 la Suprema Corte de Justicia determinó la invalidez del presupuesto que le fue asignado, porque la Cámara “no motivó reforzadamente la modificación del anteproyecto presentado por dicho Instituto; tal ajuste –consideró la Corte– compromete las funciones de ese organismo constitucional… lo que podría traducirse en una violación de los derechos fundamentales de carácter político electoral”. En ejercicio de su autonomía, el INE debe valorar nuevamente la vía de la controversia constitucional.
Por supuesto, ante los recortes, el INE dará la máxima prioridad a organizar eficazmente las elecciones con todas las garantías de limpieza, imparcialidad y equidad. Pero no basta su mera voluntad. Tendrá que afectar y hasta cancelar algunos proyectos y actividades que permiten elecciones con la calidad habitual.
Como se ha visto durante los últimos cinco años, la aprobación de los presupuestos no se rige sólo por criterios de racionalidad económica y de las finanzas públicas, sino por una marcada aversión política a órganos que fueron creados o reformados en el periodo de la transición democrática para garantizar derechos humanos y limitar el arbitrio del poder.
*Consejero INE