(BELÉN SALDIVAR. EL ECONOMISTA)
En el periodo comprendido entre el 2019 y el 2021, los recursos ilícitos reportados en México aumentaron y llegaron a una cifra de 43,943 millones de pesos, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En el documento, presentado el viernes pasado, la UIF señaló que los flujos financieros ilícitos han aumentado de manera considerable en los últimos años, y tienen un impacto directo en el desarrollo de los países.
En este sentido, indicó que el Estado mexicano no cuenta con una metodología establecida o con lineamientos que le permitan medir con precisión el volumen de recursos ilícitos generados en el país, debido a que realizar un documento de este orden pudiera contener variables no confiables.
“El monto aproximado de recursos ilícitos identificados, por las estadísticas señaladas en el periodo del 2019 al 2021, asciende a 43,943 millones de pesos. No obstante, cabe señalar que dichos montos sólo representan una pequeña parte de los recursos ilícitos en el país, ya que el porcentaje de delitos que se denuncian es muy bajo; asimismo, los recursos ilícitos identificados por dichas fuentes oficiales pueden presentar duplicidades”, destacó la UIF, a cargo de Pablo Gómez.
El aumento de los recursos ilícitos tiene consecuencias potenciales, como las sociales, políticas, financieras y económicas. Estos flujos representan una de las principales amenazas, en el país, para el lavado de dinero.
Otra amenaza que detectó la UIF es la delincuencia organizada, la cual no sólo genera grandes sumas de lavado de dinero, sino que también cobra la vida de miles de mexicanos y mexicanas.
“Tanto en el 2020 como en el 2021 se identificó la operación de 46 organizaciones en el país. En los últimos años las organizaciones pasaron de ser grupos que se dedicaban exclusivamente al negocio del narcotráfico a realizar otro tipo de actividades como el robo, la extorsión, el secuestro, trata de personas y la producción de drogas sintéticas”.
La tercera amenaza que ve la UIF es la corrupción, la cual hace posible el lavado de dinero y sus delitos procedentes, además de socavar la capacidad para investigar y perseguir dichos delitos.