PATRICIA TAPIA CERVANTES. FORBES MÉXICO
Mientras que la industria minera señala serias afectaciones por las reformas, las organizaciones no gubernamentales dicen que son necesarios cambios ‘profundos’.
Las recientes reformas aprobadas a diversas leyes en materia de concesiones para minería y agua representan para la iniciativa privada un golpe para la industria y la competitividad del país, pero mientras para organizaciones no gubernamentales (ONGs) significan beneficios y justicia para las comunidades que albergan proyectos mineros.Las leyes que se reformaron la semana pasada en ambas Cámaras del Congreso mexicano fueron la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
En la exposición de motivos del proyecto legislativo impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se indica que la política en materia de minería de los “gobiernos neoliberales” ha provocado una intensa extracción de los recursos minerales por parte de empresas extranjeras, la contaminación del subsuelo, mantos acuíferos, ríos y manantiales; el despojo territorial y desplazamiento forzado de pueblos y comunidades indígenas, así como conflictos socioambientales.
Tanto empresas como ONGs han dado sus argumentos en contra y favor de los cambios en el sector minero. Algunos temas que han sido relevantes es la duración de las concesiones que pasa de 100 a 80 años como máximo.
También se elimina el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para la explotación minera, otorga concesiones únicamente por mineral o sustancia, y se incorpora un capítulo de delitos con el objeto de sancionar conductas delictivas en materia de minería.
La concesión de agua para uso específico de minería quedará sujeta a su disponibilidad y tendrá una duración de 5 años con posibilidad de prorrogar por igual término.
Asimismo, se establece la obligación de contar con un Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre de un proyecto minero y una contraprestación a pueblos y comunidades indígenas de las utilidades obtenidas por el concesionario.
¿Por qué la IP dice ‘no’ a las reformas en minería?
Las empresas de la industria en México han expuesto que con las reformas, principalmente a la Ley Minera, las inversiones ya no serán viables y no habrá más proyectos.
- Inversiones por más de 4,000 millones de dólares al año en peligro.
- Afectación a más de 70 sectores industriales ante la falta de minerales necesarios.
- Se arriesgan más de 400,000 empleos directos y 2.5 millones indirectos.
- 696 comunidades afectadas, pues su economía depende de la minería.
- Impacto negativa al PIB, ya que el sector aporta el 2.5%.
- Golpe a la recaudación fiscal, el sector paga más de 70,000 millones de pesos al año al SAT.
Desde hace años, el sector minero ha frenado proyectos por la alta carga fiscal que se tiene en México; ahora con los cambios, ven aún más inviable llevarlos a cabo.
Abogados prevén que una vez que entren en vigor los cambios propuestos por López Obrador, las empresas que se vean afectadas acudirán a las demandas de amparo indirecto.
Señalan que la reformas representan afectaciones a derechos que se plasman en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de seguridad jurídica, legalidad, libertad de industria y comercio.
Estas modificaciones a la minería ya han levantado la preocupación de las empresas canadienses, que son las de mayor participación en México; el pasado 25 de abril, la ministra de Comercio de Canadá, Mary Ng sostuvo una reunión con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro para externar esto.
¿Por qué sí desde la visión de las ONG?
Desde hace mucho tiempo, las ONG han denunciado abusos de la industria minera hacia las comunidades y el daño medioambiental que ocasionan, por lo que han visto con beneplácito la serie de reformas de AMLO.
Una de las ONG que más se ha pronunciado y luchado por un cambio profundo a la actual Ley Minera es la Colectiva Cambiémosla Ya, la cual apunta que con estas reformas se frenan los atropellos que durante estos 30 años han cometido las empresas mineras y estas son sus razones.
- Los ingresos que obtiene el Estado por la actividad económica del sector de minerales metálicos y no metálicos representaron apenas 0.13% de la recaudación total del gobierno federal.
- La Ley Minera vigente en México viola derechos fundamentales de los pueblos y comunidades del país por contravenir el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, así como el derecho a la propiedad de los ejidos.
- Los proyectos mineros dejan graves impactos ambientales, hídricos y sociales, que comprometen gravemente los medios de vida de las comunidades.
- Las concesiones que se otorgan al amparo de la Ley Minera tienen una duración de 50 años prorrogables a otros 50, que se utilizan indistintamente para exploración y explotación y dan acceso preferente al agua y a la tierra, sin importar si los territorios pertenecen a comunidades o ejidos.
- Ninguna de las concesiones que se han otorgado hasta ahora ha respetado los derechos de los pueblos indígenas del país. No se realizó ninguna consulta previa ni se otorgó el consentimiento para su asignación.
- De las 249 operaciones mineras metálicas en México, una proporción significativa no cuenta con los requisitos básicos ambientales:
- 51% operan en acuíferos sin disponibilidad de agua.
- 38% no tiene información de evaluaciones de impacto ambiental autorizadas.
- 23% carece información de depósitos de jales.
- 62% no tiene concesiones de agua.
- 72% carece de permisos de descarga de aguas residuales.
- 55% nunca ha presentado un reporte de emisiones y contaminantes en 17 años.
La ONG indica que en el país operan 97 minas metálicas a cielo abierto y otras 152 minas subterráneas, sin estar registradas en una base de datos oficial ni en datos abiertos para poder distinguirlas, caracterizarlas espacialmente y, sobre todo, hacerles rendir cuentas.
