(ISABELLA COTA. EL PAÍS)
La curiosidad de Santiago Levy (Ciudad de México, 1956) habita en el contrato social. El economista confiesa que pasa mucho tiempo preguntándose por qué tantos en América Latina, a pesar de tener un trabajo, son excluidos de las garantías y derechos que gozan quienes trabajan en la formalidad. “El acuerdo social tácito que tenemos en estos países es disfuncional”, apunta.
Exsubsecretario de Hacienda, exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante la década de los noventa y también exvicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Levy es mejor conocido en su natal México como el padre de las ayudas sociales en el país. Fue el arquitecto del primer programa de asistencia, lanzado en 1997, llamado Oportunidades. La premisa era sencilla: ofrecer una transferencia monetaria a mujeres a cambio de que envíen a sus hijos a la escuela. El programa es el más replicado en todo el mundo, según el Banco Mundial. Cincuenta y dos países lo han adoptado.
Hoy, es consejero de la agencia del desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) e investigador del centro independiente Brookings Institute en Washington, desde donde se conecta a una videollamada con EL PAÍS.
Pregunta: Hablemos de los cambios que ha habido bajo la actual Administración a las condiciones y los derechos de los trabajadores. Uno de ellos es la manera en que los sindicatos se están reconfigurando a partir de que Estados Unidos puede obligar a que se revisen contratos colectivos, como lo permite el T-MEC.
Respuesta: Me parece bueno, pero es un asunto relativamente menor porque el número de empresas que están bajo el paraguas del T-MEC, que pueden tener procesos sindicales más transparentes, es relativamente reducido. Va a ayudar a que en algunas empresas exportadoras grandes la elección de los líderes sindicales se haga de una manera más democrática. Eso es bueno y cambia el poder de negociación de esos trabajadores frente a la empresa, pero no va a cambiar el panorama sindical del país.
P. ¿Qué opina del incremento al salario mínimo, a las aportaciones de los patrones a las pensiones y el endurecimiento a la subcontratación?
R. Unas son de hecho un retroceso y otras tienen impactos muy ambiguos, tal que no se puede decir que claramente mejoraron a los trabajadores de México. Empiezo con la más complicada y la más controversial: el salario mínimo. Este aplica para los trabajadores asalariados en aquellas empresas que cumplen con la legislación laboral y de seguridad social, es decir, a los que trabajan en la formalidad. El 55% de los trabajadores en México son informales, ellos quedan fuera del incremento al salario mínimo. Pensarías que si mejoran las condiciones de un 45% porque suben el salario mínimo y el otro 55% se queda igual, está bien. Pero la respuesta es no, porque al subir el salario mínimo estás haciendo más difícil que aquellos trabajadores que están en la informalidad se puedan incorporar a la formalidad, porque el costo de contratación de esos trabajadores está aumentando. Las grandes empresas no tienen problema subiendo el salario, pero ellas representan solo el 1% de las empresas en el país. La inmensa mayoría son pequeñas, de 3 o 4 empleados. El incremento en el salario hace menos probable contraten formalmente.
P. Pero se registró una caída en la pobreza por un incremento, precisamente, en los ingresos de las familias.
R. Sí, excepto que hay una controversia sobre si la encuesta ingreso-gasto de 2022 es comparable con la encuesta del 2020. A lo mejor el INEGI mejoró sus técnicas de medición, qué bueno, pero genera un problema para ver si esto es exactamente comparable con otros años. Es importante decir que no cayó la pobreza extrema, esta incluso empeoró. Estas son las personas que claramente no se van a beneficiar del aumento del salario mínimo porque trabajan en la informalidad o están en el medio rural y para las cuales ahora es más difícil que antes ingresen a la formalidad. Si hablamos de la reforma al outsourcing, esta es una cosa muy buena. El incremento de los recursos a las Afores, no lo hubiera hecho.
P. ¿Por qué?
R. En México se comete un error grande al hablar de la formalidad laboral, porque lo que se olvida es que los mismos trabajadores a veces tienen un empleo formal y a veces tienen un empleo informal. El trabajador promedio mexicano solo pasa 46% del tiempo que trabaja en la formalidad. Las mismas personas, con la misma educación, el mismo esfuerzo, las mismas habilidades, a veces son formales, a veces son informales. A veces por motivos propios. La legislación dice que para tener derecho a una pensión antes del cambio de ley tenías que cotizar en el IMSS 1250 semanas, pero si solo cotizan la mitad del tiempo que trabajan, no tienen pensión. Es por esto por lo que uno de cada dos trabajadores que está ahora mismo aportando para su Afore no va a conseguir una pensión cuando llegue a la edad de jubilación.
P. Quizás la solución elegante no es incrementar las aportaciones patronales de las Afores, pero ¿empeora la situación?
R. Sí, porque eleva los costos de contratación. Los patrones tomarán de los salarios para transferir a la Afore, por lo que estás haciendo que la gente ahorre más, pero no hiciste nada fundamental en el mercado laboral para cambiar su funcionamiento. Al contrario, esto encarece la formalidad. En un mercado laboral en donde la gente transita entre la formalidad y la informalidad, los instrumentos típicos que se despliegan en los países de la OCDE, Estados Unidos, España, Francia, etcétera, no funcionan bien en México, en Perú, en Colombia, porque son mercados laborales muy diferentes. En México legislamos como que la parte informal del país no existe, como si por arte de magia mañana ya no estará. Y esto se ha hecho en todas las Administraciones. En la Cámara de Diputados y en el Senado y en el Ejecutivo Federal existe la idea de que si legislamos para los formales se cambiarán las condiciones para todo el mundo. Tenemos 30 años en donde eso no ha ocurrido.
P. Ha dicho que el contrato social en México es disfuncional. ¿Cómo terminamos aquí?
R. La década de los ochenta fue terrible por todo el desastre macroeconómico, la hiperinflación, las crisis bancarias, las crisis cambiarias. Además, teníamos una economía cerrada que no era competitiva. Entonces, finalmente, a principios de los noventa decidimos cambiar profundamente. Decidimos estabilizar la economía, arreglar las cuentas fiscales, regular bien los bancos, tener un banco central autónomo, bajar la inflación, abrirnos al comercio internacional, entrar al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Creamos órganos reguladores de la competencia en México, como la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, etcétera. Había un entendimiento erróneo, y me incluyo, de que, si hacíamos todo esto e invertíamos en educación, México crecería más rápidamente y la economía se iría formalizando. Que toda esta masa de trabajadores informales que tenemos, sin seguridad social, sin protección social, etcétera, poco a poco se iban a ir incorporando. Esa era la visión y muchas cosas se hicieron muy bien. Pero no ocurrió lo que era central: aumentar la formalidad rápidamente.
El dilema se resolvió creando un sistema paralelo para estas personas en informalidad. Lo llamamos programas sociales, porque la terminología en México es sumamente disímbola, pero es una seguridad social paralela. Este es un sistema extremadamente excluyente en el que dos trabajadores tienen derechos y garantías distintas, dependiendo de si trabajan en formalidad o informalidad. La pregunta que no se hizo y que se tiene que hacer es ¿por qué el andamiaje institucional que tenemos en el país para proteger a los trabajadores no cubre a todos? El hecho de que en 30 años sigamos teniendo un sector informal tan grande no es casualidad. Los trabajadores mexicanos no son tontos ni flojos y los empresarios mexicanos tampoco son tontos ni flojos. Todo mundo está respondiendo a la estructura de incentivos, los beneficios, los costos, la forma de financiamiento y qué es lo que le conviene. Las reglas del juego son incoherentes.
Es corresponsal económica para América Latina. Como periodista de investigación trabajó con Quinto Elemento Lab, NHK, BusinessWeek y OpenDemocracy, entre otros. También fue staff de Bloomberg News y Reuters en Centroamérica y Reino Unido. Es licenciada en Comunicación y Máster en Periodismo de Negocios y Finanzas por City University London.