(REUTERS)
Los propietarios de centrales eléctricas estadounidenses advirtieron este martes al Gobierno de Joe Biden que su ambicioso plan para reducir drásticamente las emisiones de carbono del sector es inviable, ya que depende demasiado de tecnologías costosas que aún no se han probado a gran escala.
Los propietarios de centrales eléctricas estadounidenses advirtieron este martes al Gobierno de Joe Biden que su ambicioso plan para reducir drásticamente las emisiones de carbono del sector es inviable, ya que depende demasiado de tecnologías costosas que aún no se han probado a gran escala.
El Edison Electric Institute (EEI), uno de los principales grupos del área, pidió a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) que desechara las normas propuestas para las centrales eléctricas, que dependen de la disponibilidad comercial de la captura y almacenamiento de carbono (CAC) y del hidrógeno verde bajo en emisiones.
“Las compañías eléctricas no confían en que las nuevas tecnologías que la EPA ha designado para servir de base a las normas propuestas para la generación basada en combustibles fósiles, tanto nueva como existente, satisfagan los requisitos de rendimiento y coste en los plazos que la EPA proyecta”, afirmó el EEI en un comentario público publicado el martes.
La resistencia del EEI y de otros grupos plantea un reto potencialmente importante a la agenda climática de Biden.
La meta del presidente es conseguir que el sector energético del país, fuente de una cuarta parte de los gases que provocan el calentamiento del planeta, no emita emisiones netas en 2035.
Este objetivo forma parte del compromiso de Washington de reducir a la mitad la producción de gases de efecto invernadero para 2030, en el marco de un acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático.
Propuesto en mayo, el plan de la EPA limitaría por primera vez la cantidad de dióxido de carbono que pueden emitir las centrales eléctricas, después de que las medidas anteriores fueran anuladas en los tribunales.
Los límites propuestos, tanto para las centrales nuevas como para las ya existentes, presuponen la disponibilidad de tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CAC), que puede desviar el CO2 de la chimenea de una central antes de que llegue a la atmósfera, o el uso de hidrógeno como combustible.
La agencia afirma que la Ley de Reducción de la Inflación, aprobada en 2022 y que subvenciona esas tecnologías, las hace rentables y viables. Los grupos ecologistas Clean Air Task Force y Natural Resources Defense Council dijeron que la propuesta “ofrece plazos generosos para su aplicación y cumplimiento y no causará problemas de fiabilidad si se finaliza”.
La Asociación Nacional de Cooperativas Eléctricas Rurales, que representa a 900 empresas eléctricas propiedad de sus miembros, pidió a la EPA que retirara la norma propuesta, alegando que pondría en peligro la fiabilidad y la asequibilidad.
Los sindicatos mineros United Mine Workers of America e International Brotherhood of Electricity Workers también pidieron a la EPA que rehiciera la norma y criticaron su dependencia de la CAC, afirmando que pone en peligro los puestos de trabajo.