(ROXANA GONZÁLEZ Y JESÚS BADILLO. EL SOL DE MÉXICO)
Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmaron a El Sol de México que la consultoría jurídica está preparando la impugnación que anunció el presidente López Obrador en su conferencia mañanera y analiza dónde presentar el recurso legal. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano apoyará a organizaciones que impugnen la SB4 de Texas y buscará que otros países con alta tasa de migración, como Guatemala, Honduras o El Salvador, se sumen al rechazo.
“Se está haciendo ya un trámite en Relaciones Exteriores para impugnar esta ley. Y, además, nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas. Decirles a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo, que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del Partido Republicano en Estados Unidos y quiere, con esas medidas, ganar popularidad”, dijo López Obrador en su conferencia matutina de ayer.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la Ley SB4, la cual pasa por alto la ley federal, ya que permite a la policía estatal detener migrantes, mientras que los jueces de Texas estarían autorizados y en algunos casos obligados a ordenar la deportación de una persona independientemente de si es elegible para buscar asilo u otras protecciones humanitarias”.
El analista internacional, Fausto Pretelin Muñoz de Cote, dijo que el gobierno de México sí puede impugnar la ley antiinmigrantes SB4, sin embargo, el proceso ante Tribunales Internacionales o de Estados Unidos llevaría muchos meses o incluso años.
“Van a ser mucho más rápidas las decisiones que tome Biden porque es el gobierno federal y, si (el tema) llegara a la Corte estaría apoyando a Biden en el sentido de que el gobernador de Texas no tiene las facultades para poder decidir políticas federales en materia de migración”, detalló el internacionalista.
Dijo que la ley promulgada por el gobernador de Texas es más una “medida electorera” para ganar simpatizantes, sobre todo porque López Obrador no ha sido uno de sus políticos favoritos.
Para el experto, la decisión del presidente de México sobre impugnar esta ley es solo un dicho, ya que con el Título 42 pudo haberlo rechazado, pero no lo hizo.
“México tiene todas las de ganar si hubiera reclamado esta postura porque no tiene la obligación de quedarse con nicaragüenses, cubanos, haitianos o venezolanos en caso de que sean expulsados o deportados desde Estados Unidos”, dijo.
Señaló que si López Obrador quiere actuar debe hacerlo en el sentido de que el gobierno de Biden está interfiriendo con la soberanía de México y la seguridad de los migrantes”.
“Estados Unidos actúa como si no tuviera países fronterizos. Como si lanzara a la Luna o al mar a los migrantes, pero en realidad los está mandando a otro país que tiene soberanía por quienes entran y quienes o pueden entrar. Entonces en el caso de México puede apelar esto en algún Tribunal Internacional, apelando a la inseguridad que genera el hecho de que expulse a migrantes a este país””, explicó.
En Estados Unidos, un grupo de demócratas hispanos entregaron una carta al fiscal general, Merrick Garland, para exigirle que frene la nueva Ley.
El grupo está liderado por el legislador Joaquín Castro, junto con otros 11 congresistas del estado de Texas. La carta firmada y entregada al Departamento de Justicia exige al fiscal Garland que “afirme su autoridad sobre la inmigración federal y la política exterior y emprender acciones legales, según corresponda, para impedir que esta legislación inconstitucional y peligrosa entre en vigor”.
“Este proyecto de ley será el proyecto de ley estatal antiinmigrante más extremo en los Estados Unidos”, menciona la carta. “Está claramente anticipado por la ley federal y cuando entre en vigor probablemente resultará en discriminación racial, violaciones significativas del debido proceso y arrestos ilegales de ciudadanos, residentes permanentes legales y otros”, coinciden los congresistas demócratas en el documento signado.
En paralelo, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) presentaron una demanda impugnando la ley SB4, que otorga a policías y jueces del estado la facultad de detener y deportar migrantes sin el debido proceso.
La demanda, presentada ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, afirma que la SB4 es inconstitucional porque viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
Ayer, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos impidió temporalmente que el gobierno de Joe Biden retire las alambradas que Texas colocó a lo largo de su frontera con México.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, declaró que un juez se equivocó al dictaminar que el gobierno era inmune a una demanda de Texas que alegaba que la política federal de retirar las vallas era ilegal.
Con información de Rafael Ramírez y Agencias