(DARIO CELIS. EL HERALDO DE MÉXICO)
CON EL PRESIDENTE Donald Trump presionando a México por la entrega de agua en cumplimiento al Tratado de Aguas de 1944, bien harían en Palacio Nacional en revaluar el saqueo que las empresas extranjeras. El territorio mexicano se ha convertido en un paraíso hidráulico para las multinacionales refresqueras y embotelladoras de agua, por los ínfimos impuestos que tienen que pagar y la mediocre supervisión que las autoridades federales ejercen sobre esta industria.
No es ningún secreto que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) apapacha a la industria de la bebida con verificaciones blandas que rayan con la tolerancia hacia las prácticas ilegales que muchas de ellas ejercen aquí.
Ya hemos mencionado el caso de Niagara Bottling, que preside Andy Peykoff, esta embotelladora norteamericana de agua para consumo humano que se instaló en territorio mexiquense en 2019.
La Conagua le obsequió un permiso para succionar y embotellar la nada despreciable cantidad de casi tres mil millones de litros de agua anuales en el municipio de Soya niquilpan de Juárez, el cual se caracteriza por sus sequías y carencias de agua.
Para poner en contexto esta descomunal cifra, se estima que los mexicanos consumimos cerca de cinco mil millones de litros al año; es decir, Niagara Bottling embotella el equivalente a la mitad del consumo nacional.
Pero hasta donde sabemos, los mexicanos no con sumen agua embotellada de la marca “Niagara”.
Ese mercado lo acaparan Ciel de Coca-Cola, que lleva aquí Luis Felipe Avellar, vía sus embotelladores, como Coca-Cola Femsa, que dirige Ian Marcel Craig, y Arca Continental, que dirige Arturo Gutiérrez, principalmente.
Pero también ePura, propiedad de PepsiCo, que comanda Isaías Martínez, y Bonafont, que pertenece a Danone, que capitanea Silvia Dávila.
¿Entonces a dónde van a parar los millones y millones de litros de agua embotellada que manufactura la embotella dora Niagara? Nada menos y nada más que al consumidor estadounidense.
Al mercado norteamericano se le ofrece esta agua embotellada como si fuera de un auténtico manantial y a precios elevados.
De esta manera, nuestros vecinos del norte sacian su sed mientras una parte importante del pueblo mexiquense, gobernado por Delfina Gómez, ni siquiera cuenta con agua corriente.
El pináculo de esta historia radica en que, además, la exportación de agua está libre de aranceles. Así que Niagara Bottling descubrió la fórmula perfecta para el tráfico hídrico. Un cartel del agua.
Y la pregunta obligada: ¿es esto legal? Desde la Conagua afirman sin mayor sustento que sí. Sin embargo, la jueza Cuarto de Distrito en el Estado de México, Pamela López Swain, no comparte esa opinión.
Recién resolvió a su favor un amparo promovido por un colectivo campesino que busca defender la soberanía del agua mexiquense.
En su sentencia, la jueza federal se percató que el volumen otorgado a la embotelladora transnacional que dirige aquí Víctor Palomo es excesivo y condenó a la Conagua a realizar estudios que demuestren la disponibilidad real de agua de la zona a fin de que, en caso de que sea insuficiente para el consumo de la población, cancele de inmediato el permiso con el que opera Niagara Bottling.
Pero esta sentencia todavía no se puede ejecutar dado que fue impugnada tanto por la embotelladora norteamericana como por la Conagua, quien aparentemente está más preocupada en defender los intereses económicos de la empresa que en frenar el abuso en el que ésta incurre. Así que, si la presión de Trump sobre la mandataria mexicana aumenta, el Estado Mexicano debería considerar todas sus opciones y explotar sus fortalezas en sus negociaciones.
