Una alternativa viable para aumentar la recaudación de impuestos

(LILIANA ALVARADO. EL ECONOMISTA)

Para los expertos en finanzas públicas, el hecho de que no se hiciera público el documento de Renuncias Recaudatorias en 2023 significó un retroceso en materia de transparencia. Sin embargo, a diferencia del año anterior, este 2024 se cumplió a cabalidad con la Ley de Ingresos de la Federación en su artículo 26 (apartado A), al publicarse en tiempo y forma dicho documento. La utilidad de la publicación es indudable, pues permite conocer los montos que deja de recaudar el erario por concepto de tasas diferenciadas, exenciones, subsidios, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas y demás tratamientos preferenciales en las distintas leyes tributarias en el ámbito federal.

Conforme al documento publicado este 2024, la pérdida recaudatoria total ascenderá a 1.42 billones de pesos (4.2% del PIB), cifra que en el agregado resulta menor a la registrada en el 2022 (4.8% del PIB). La información dada a conocer estipula que, entre otras cosas, un factor determinante en la disminución de este monto total fue la caída en la pérdida recaudatoria asociada al subsidio en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas y diésel (caída del 95%), pues durante el 2022 los precios de dichos productos fueron muy elevados por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, el rubro de estímulos fiscales (en el cual se registra este subsidio) y el de regímenes especiales y sectoriales, en el Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas (ISRPF) son los que tuvieron las caídas más marcadas en comparación con el 2022 (-35 y -37% respectivamente).

En el extremo opuesto, los mayores aumentos en las pérdidas recaudatorias se dieron en los rubros de Impuestos Especiales y las exenciones en el ISR de las empresas (ISRE), siendo que el primero creció en un 50%, mientras que el segundo en un 25%. En el rubro de los Impuestos Especiales destaca el aumento en la pérdida recaudatoria por las deducciones en el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) hasta por 175,000 pesos para los autos de combustión interna y la deducción hasta por 250,000 pesos en el ISAN a la enajenación o importación de autos eléctricos, híbridos o con motor de hidrógeno. El primer rubro aumentó en un 85%, mientras que el segundo en 176%. Este último caso nos deja ver que la compra y, por ende, la deducción autorizada en los autos híbridos y eléctricos ha crecido significativamente.

En el documento también se puede apreciar información relevante asociada a los sectores, actividades y personas beneficiadas por algunos tratamientos preferenciales. Llama la atención que las personas morales situadas en el último decil de ingresos son quienes más se benefician de la deducción en el ISRE de donativos, consumos en restaurantes, arrendamientos de automóviles, adquisición de autos de combustión interna y de los eléctricos e híbridos. En algunos rubros, la concentración de los beneficios es notable. Por ejemplo, en lo que respecta a la deducción de donativos, las empresas que más ingresos generan concentran el 96% de toda la pérdida recaudatoria.

En la categoría de deducciones personales (ISRPF) se desprende información valiosa por género. Los hombres son quienes mayormente se benefician de las deducciones de intereses reales por créditos hipotecarios y por gastos de transportación escolar. Mientras tanto, las mujeres se benefician en mayor medida de la deducción de los honorarios médicos. De manera equiparable, hombres y mujeres se benefician de la deducción por gastos funerarios, de los donativos no onerosos y de las primas de seguros de gastos médicos mayores.

Cabe señalar que en octubre del 2023, fecha en la que se publicó el decreto para impulsar el nearshoring, no se tenía claridad sobre el monto al cual ascendería la pérdida recaudatoria derivada de los estímulos fiscales. Tras la publicación del documento de Renuncias Recaudatorias, sabemos que por ambos beneficios (la deducción inmediata en activos fijos y la deducción del 25% por los gastos incurridos en la capacitación de trabajadores), se estima una pérdida de apenas 3,530 millones para 2024, lo que deja ver que el estímulo no ha resultado muy atractivo. De igual forma, resulta extraño que, en el caso de los beneficios y facilidades administrativas otorgados en junio del 2023 vía decreto presidencial para promover la instalación de empresas en el Istmo de Tehuantepec, no se estipule el costo de la medida.

Otro dato interesante muestra que los donativos a donatarias autorizadas se concentran en más de un 53% en instituciones asistenciales y tan solo un 2.7% en instituciones dedicadas a la investigación científica. Es decir, en México predomina una cultura asistencial, en oposición al apoyo a los centros de investigación que buscan incidir en avances científicos o en las políticas públicas.

Resulta positivo que la pérdida recaudatoria por el subsidio a las gasolinas haya disminuido de manera drástica. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, ello se explica por la reducción en los precios de petróleo y no porque el gobierno federal hubiera tomado la decisión de reducir este subsidio regresivo, que puede llegar a ser muy cuantioso y además tiene impactos negativos en el medio ambiente.

Es deseable que la información que arrojan los análisis sectoriales y de incidencia sirvan de insumo para mejorar la focalización de los tratamientos preferenciales, pues uno de los objetivos de las renuncias recaudatorias es funcionar como una herramienta para redistribuir el ingreso mediante apoyos a los contribuyentes de menores ingresos.

Finalmente, es sabido que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum ha decidido apostar a la eficiencia administrativa y no implementar una reforma fiscal. No obstante, sería ideal que su equipo pudiera revaluar la utilidad de este documento para tomar decisiones en torno a la modificación o eliminación de aquellas renuncias recaudatorias que no están cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creados. Es decir, se debe rediseñar o cancelar aquellos que pretendieron, sin lograrlo, aumentar el empleo, fomentar la inversión, promover la competitividad, entre otros fines. Una revisión y posterior eliminación de los tratamientos preferenciales poco efectivos, pudiera dar como resultado un incremento de la recaudación tributaria actual del país.

Liliana Alvarado. Licenciada en Relaciones Internacionales (ITAM) y Maestra en Políticas Públicas y Administración (London School of Economics). Colaboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde adquirió una amplia experiencia en política fiscal y se especializó en el análisis de los sistemas fiscales en el ámbito internacional. Asimismo, trabajó en Fundar en el Área de Presupuestos Públicos, en transparencia presupuestaria y rendición de cuentas. En Ethos ha coordinado trabajos en materia de finanzas públicas, pobreza, seguridad pública y anticorrupción.