(DARIO CELIS. EL HERALDO DE MÉXICO)
TRAS MUCHOS DIMES y diretes, el Paquete Económico 2026 está muy, pero muy, lejos de ser sólo un documento técnico con proyecciones de crecimiento, inflación y tipo de cambio.
Lo que estamos viendo es en realidad una radiografía política y social de las prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y lo que revela es preocupante: una estrategia de recaudación que lejos de ser progresiva está diseñada para exprimir a las clases medias, a los emprendedores digitales y a los consumidores cotidianos, mientras los grandes evasores y sectores informales siguen sin ser tocados.
Uno de los nuevos derechos que sacó el equipo hacendario que comanda Édgar Amador, y que resultó muy controversial, es el cobro de una cuota para los padres que deseen enviar a sus hijos fuera del país; bajo el argumento de “modernizar los servicios migratorios”, se establece un pago de 294 pesos por el formato de salida de menores.
Aunque la cifra puede parecer menor, el mensaje es muy es claro: educarse fuera de México es un privilegio que debe ser gravado, emulando el pensamiento de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que los que han estudiado en universidades del extranjero solamente van a aprender a robar y merecen ser castigados.
Y es que, en lugar de fomentar la internacionalización del talento mexicano, se penaliza a las familias que hacen un esfuerzo por ofrecer mejores oportunidades a sus hijos, frente a un sistema anacrónico, arcaico y cada vez más ideologizado que enarbola la SEP cuatroteísta, que tiene como secretario a Mario Delgado.
Pero todavía falta más: el turismo, uno de los motores económicos del país, también será impactado. El permiso de turista, o la Forma Migratoria Múltiple, sube de 860 a 983 pesos. Además, se crean nuevos cobros para cruceros y visitas a zonas arqueológicas, con aumentos de hasta 100 por ciento.
En plena antesala del Mundial 2026, cuando México debería estar facilitando la llegada de visitantes, se encarece la experiencia desde el primer contacto con el país. ¿Es esta la mejor estrategia para atraer divisas y promover la imagen de México en el exterior? ¿Dónde está la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, para que diga esta boca es mía?
Otra alza que ha puesto de cabeza a toda una industria, es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas o refrescos saborizados: se duplica de 1.64 a 3.08 pesos por litro, incluyendo ahora a las versiones light y cero, que antes estaban exentas.
Aunque el gobierno lo justifica como una medida de salud pública, la realidad es que es un impuesto regresivo: afecta más a quienes menos tienen; además no hay evidencia contundente de que este tipo de gravámenes reduzca el consumo.
Lo que sí es seguro es que aumentará la inflación y golpeará a las tienditas de barrio, que dependen en gran medida de estos productos para subsistir, y no se diga a la gran cadena que está integrada a los sistemas de Coca-Cola, que preside Luis Felipe Avellar; PepsiCo, que comanda Isaías Martínez, y Grupo Peñafiel, que dirige Gilberto Maldonado.
Pero si todo lo anterior no fuera suficiente, y en pleno crecimiento del comercio global, las plataformas digitales enfrentarán una retención de 10.5% sobre las ventas, 2.5% de ISR y 8% de IVA.
Aunque Hacienda, vía el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, lo presenta como una medida para “nivelar el terreno de juego”, en realidad afecta directamente a más de un millón de Pymes mexicanas, las cuales dependen del comercio electrónico.
Y es que, en lugar de incentivar la formalidad y la digitalización, el segundo piso de la 4T parece empecinado en castigar a quienes han encontrado en plataformas como Amazon, que dirige aquí Pedro Huerta, y Mercado Libre, que lleva David Geisen, una vía para sobrevivir y crecer.
El mensaje es contradictorio, pues desde la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, se promueve la economía digital, pero desde la Secretaría de Hacienda se le impone una carga fiscal desproporcionada.
Las instituciones financieras y las empresas que cotizan en bolsa también recibirán su dosis de castigo fiscal.
Se propone que sólo 25% de las cuotas al IPAB sean deducibles, se eliminan beneficios para deducir créditos incobrables y se incrementa la tasa de retención sobre intereses de 0.5% a 0.9 por ciento.
Estas medidas, lejos de incentivar la inversión, generan incertidumbre y reducen la competitividad, tanto de la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez, como el de la Bolsa Institucional de Valores, que dirige María Ariza.
En un entorno global donde se compite por atraer capitales, estas decisiones parecen ir en sentido contrario.
Pero el problema no sólo son esas cargas fiscales, pues mientras se aprueban nuevos impuestos y derechos para quienes ya están en la formalidad, el comercio informal sigue creciendo sin control.
No paga impuestos, no emite facturas, no cumple con normas sanitarias ni laborales, pero exige espacios públicos, subsidios y hasta representación política.
En muchas ciudades, los ambulantes ocupan banquetas, calles y plazas con total impunidad, protegidos por clientelas políticas que los ven como botín electoral. De eso Morena, que encabeza Luisa María Alcalde, sabe mucho.
La informalidad representa más de 50% de la fuerza laboral en México, y, sin embargo, el Paquete Económico 2026 no contempla una estrategia clara para integrarlos al sistema fiscal.
¿Cómo se puede hablar de justicia tributaria cuando más de la mitad del país opera fuera del radar del SAT, que preside Antonio Martínez Dagnino?
