(NATALIE KITROEFF Y PAULINA VILLEGAS. THE NEW YORK TIMES)
Cadáveres tirados al costado de la carretera. Tiroteos en barrios de clase alta. Camiones con remolque incendiados en la autopista. Personas sacadas de sus vehículos por hombres armados a plena luz del día.
Así es como se ve cuando estalla la guerra dentro de una de las mafias criminales más poderosas del mundo, el Cártel de Sinaloa, enfrentando a dos facciones rivales entre sí en una lucha sangrienta por controlar un imperio narcotraficante multimillonario.
Los últimos años habían sido relativamente pacíficos en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, donde el predominio de una única organización criminal cohesionada mantenía las guerras territoriales al mínimo y las tasas oficiales de homicidios eran más bajas que en muchas ciudades importantes de Estados Unidos.
Luego, a fines de julio, ocurrió una traición impensable: Ismael “El Mayo” Zambada García, un padrino del cártel, fue engañado por el hijo de su antiguo aliado, secuestrado, obligado a subir a un vuelo a Estados Unidos y arrestado por agentes estadounidenses, según funcionarios estadounidenses.
El señor Zambada describió la traición en una carta difundida por su abogado, en la que el capo de la droga dijo que el día de su arresto, había sido atraído a una reunión supuestamente amistosa y luego “emboscado” y “secuestrado” por uno de los hijos de su compañero cofundador del cártel, Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo.
No es la primera vez que las familias de los capos se traicionan mutuamente. Las tensiones han estado latentes entre ambos bandos desde que El Chapo fue capturado y juzgado en un tribunal federal de Estados Unidos, donde uno de los hijos de El Mayo ofreció un testimonio condenatorio contra el capo de la droga en 2019 que contribuyó a que fuera encarcelado de por vida.
Durante aproximadamente un mes después del secuestro y arresto de El Mayo, el estado de Sinaloa estuvo en vilo, esperando ver si los herederos del cártel llegarían a una solución. A principios de septiembre, llegó una respuesta: una oleada de asesinatos marcó el comienzo de una guerra civil declarada.
“Todavía no hemos terminado este largo periodo de violencia que nos tiene agobiados”, dijo en entrevista el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y agregó: “El gobierno no está para nada sobrepasado, al contrario, cada vez estamos mejor posicionados para enfrentar la violencia”.
Pero los habitantes de Sinaloa no parecen confiar en que alguien tenga control sobre la brutalidad.
Los residentes ahora siguen un toque de queda autoimpuesto y se refugian en sus casas después de que oscurece. Los padres se niegan a enviar a sus hijos a la escuela por miedo a que les disparen. Hombres armados obligaron a dos alcaldes locales a bajarse de sus vehículos y les robaron sus autos el lunes, según un portavoz del fiscal general del estado.
La economía local se encuentra paralizada, ya que muchos empleados han dejado de presentarse a trabajar y las empresas han reducido sus horarios o suspendido sus operaciones por completo. La capital, Culiacán, ya ha sufrido pérdidas por cientos de millones de dólares, según los líderes empresariales.
Con más de 140 personas asesinadas en sólo un mes, las autoridades temen que la violencia pueda extenderse pronto por todo el país, aumentando los riesgos para la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
“Estamos en un momento crítico”, dijo Eduardo Guerrero, analista de seguridad de la Ciudad de México. “Si no detienen pronto lo que está sucediendo en Sinaloa, se volverá inmanejable”.
El gobierno federal envió 1.100 soldados a patrullar las calles y el ejército confiscó las armas de la policía municipal de Culiacán, una medida que según los expertos refleja la preocupación por la colusión entre el cártel y los oficiales locales.
Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno intentó evitar enfrentamientos directos con grupos armados en un esfuerzo por limitar el número de víctimas en masa. Sheinbaum, su protegida, ha prometido continuar con esa estrategia.
“Entrar con fuego provocaría una guerra”, dijo Sheinbaum recientemente, y agregó que las fuerzas de seguridad deben priorizar la protección de los civiles “pero no generar más confrontación que cause más muertes”.
El general Francisco Jesús Leana Ojeda, quien hasta hace poco era jefe de las fuerzas armadas en Sinaloa, dijo a los periodistas que la seguridad del estado “no depende de nosotros, depende de que los grupos rivales dejen de enfrentarse”. Fue removido de su cargo este mes, informaron medios locales.
El gobernador Rocha Moya se distanció de los comentarios que provocaron indignación. “Obviamente el estado no puede esperar y ver cuándo deciden parar”, dijo.
Antes de dimitir, López Obrador culpó a Estados Unidos por la violencia, que dijo que sólo comenzó “por una decisión que tomaron que no fue la correcta y que se fraguó en el extranjero”, sugiriendo que el gobierno estadounidense orquestó el plan para arrestar a El Mayo.
“No hubo ninguna operación policial estadounidense realizada en México relacionada con el arresto de Ismael Zambada García”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
Un viernes reciente, la policía de Sinaloa encontró una camioneta blanca pintada con aerosol con la leyenda “Bienvenidos a Culiacán” afuera de una taquería en la capital. En el interior estaban apiñados los cuerpos de al menos cinco hombres que debieron haber sido asesinados días antes, dijo un oficial de policía, a juzgar por el olor a descomposición humana que llenaba el aire.
Cuando se le preguntó si la violencia estaba disminuyendo, el oficial exhaló bruscamente.
“De ninguna manera”, dijo. “Esto acaba de empezar”.
En Elota, aproximadamente a una hora al sur de Culiacán, Rosario Salazar, de 70 años, comenzó a refugiarse tan pronto como las caravanas de hombres armados comenzaron a pasar por la ciudad. Al oír el sonido de los camiones pesados, ella y su esposo corrían hacia el interior de su pequeña casa de bloques de cemento, apagaban las luces y se encerraban, a veces durante días.
“Ni siquiera nos atrevíamos a mirar por la ventana”, dijo. Los distribuidores de alimentos dejaron de venir a la ciudad. Los residentes apagaron sus luces a las 8 p.m. Salazar cerró su tienda y comenzó a racionar la comida.
“Siempre hemos sido pobres, así que sabemos adaptarnos y vivir con poco o nada”, dijo, “pero el miedo es más difícil de manejar”.
En un momento dado, un tigre llamado Tita escapó de una casa que fue incendiada y que, según las autoridades, pertenecía a un supuesto miembro del cártel.
En una acusación federal contra los líderes del cártel de Sinaloa, los fiscales estadounidenses dicen que el grupo alimentaba a sus enemigos, “vivos o muertos”, con tigres propiedad de los hijos de El Chapo, aunque los residentes dicen que Tita era su mascota. Finalmente fue capturada y ahora se encuentra en el zoológico de Culiacán.
Entre los únicos objetos que sobrevivieron al incendio en la casa (que los periodistas del Times que visitaron el lugar encontraron entre los escombros carbonizados) había un pequeño frasco de naloxona, el medicamento utilizado para revertir la sobredosis de opioides.
La violencia en Elota y sus alrededores puede ser parte de una batalla por tierras que son adecuadas para campos de marihuana y laboratorios de drogas sintéticas, dijo Juan Carlos Ayala Barrón, analista de seguridad y profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
“Los laboratorios suelen instalarse en la zona montañosa de la región”, explicó Ayala Barrón, “donde pueden ocultarse bajo la espesa vegetación”.
En el municipio vivían dos hermanos acusados por la DEA de ser importantes traficantes de fentanilo para el cártel, hasta agosto, cuando uno de ellos, Martín García Corrales , fue encontrado muerto a un costado de la carretera y su hermano desapareció. Sus casas quedaron quemadas y acribilladas a balazos.
El Departamento de Estado dice que el Cártel de Sinaloa “es en gran medida responsable de la afluencia masiva” de fentanilo a Estados Unidos.
Estallidos de violencia han sacudido a Sinaloa anteriormente, pero los residentes dicen que la ola actual es más intensa que cualquier otra que hayan experimentado.
En 2019, las fuerzas de seguridad mexicanas arrestaron brevemente a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, en Culiacán y luego se vieron obligadas a liberarlo después de que hombres armados del cártel sitiaron la ciudad .
Cuando Guzmán López fue recapturado el año pasado, sus secuaces volvieron a causar caos en las calles, obligando a cerrar el aeropuerto y los edificios gubernamentales.
Pero esos episodios terminaron en pocos días.
En el sur de Sinaloa, muchos residentes permanecen atrapados dentro de sus casas un mes después de que comenzó el conflicto.
“¿Cómo voy a alimentar a estos niños?”, se pregunta Luis Sapiens, un trabajador agrícola de Elota.
El señor Sapiens, de 37 años, normalmente trabaja siete días a la semana en un invernadero para mantener a su esposa y sus dos hijas, de 5 y 7 años. Ahora sólo va cada pocos días, cuando su jefe dice que es lo suficientemente seguro.
El gobierno local entregó alimentos a su vecindario hace un par de semanas, pero, aparte de eso, los residentes se las arreglan por sí mismos. La escuela local sigue cerrada, dijo la esposa de Sapiens, Esmeralda, porque los maestros tienen demasiado miedo de venir a la ciudad.
“Se están quedando atrás”, dijo mientras las dos niñas veían dibujos animados. “Y no hay nada que pueda hacer al respecto”.
Emiliano Rodríguez Mega colaboró con este reportaje desde la Ciudad de México y Alan Feuer desde Nueva York.
Natalie Kitroeff es la jefa de la corresponsalía de The Times en la Ciudad de México y se encarga de la cobertura de México, América Central y el Caribe.
