(FLORANTONIA SINGER. EL PAÍS)
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves por unanimidad la reforma de la ley de hidrocarburos, y abre así el sector petrolero a la privatización. El debate de la ley ha sido veloz, como había demandado Estados Unidos, quien luego de los ataques militares del 3 de enero en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha restablecido casi en pleno las relaciones comerciales con el país sudamericano, anteriormente considerado una amenaza para Washington.
“Hoy es un día histórico para la República, porque en medio de las adversidades hemos podido mantener en alto nuestra industria petrolera”, dijo el jefe del Parlamento y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, al terminar la sesión. “Con el mantenimiento de los principios de soberanía e independencia y la propiedad que la República tiene de sus yacimientos vamos a hacer más competitivo al sector al permitir la contratación de empresas nacionales y extranjeras”, añadió. Votaron a favor tanto los diputados chavistas, que controlan la Asamblea, como la oposición.Los demócratas y la Casa Blanca alcanzan un acuerdo para evitar el cierre parcial del Gobierno de Estados UnidosVer Más
La nueva relación entre Washington y Caracas, aupada por el interés mutuo por el petróleo, necesitaba esta ley para dar mayores garantías a las inversiones que el presidente Donald Trump ha dicho que quiere hacer en Venezuela, donde, además, busca desplazar a socios del chavismo como Rusia y China.
El anuncio de la aprobación de la reforma legal en el Parlamento chavista ha sido correspondido desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la emisión de la licencia general 46, que autoriza transacciones con el Gobierno de Venezuela y con la empresa petrolera estatal PDVSA “para la elevación, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano, incluida la refinación de dicho petróleo por una entidad estadounidense establecida”.
Como una medida colateral para abrir la industria al capital estadounidense, este jueves también se levantaron las restricciones a la actividad aérea con Venezuela y se restablecerán los vuelos directos entre los dos países, suspendidos hace más de siete años.
Las licencias anteriores eran específicas con las empresas que podían tener transacciones con PDVSA, como en el caso de la que permitió la operación de la estadounidense Chevron. El permiso actual es más amplio, al posibilitar operaciones con “entidades estadounidenses establecidas”. La nueva licencia, sin embargo, indica que no están permitidas transacciones que involucren a personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba. No se indica una fecha de expiración, pero su vigencia depende del cumplimiento de reportes regulares por parte de las empresas a los 10 días de la primera transacción.
La nueva ley abre la puerta, además, a la entrada de empresas privadas a través de contratos directos con PDVSA. Antes de la reforma, el capital extranjero solo podía participar de la explotación del petróleo venezolano a través de la conformación de empresas mixtas en las que el Gobierno —que durante los primeros años del chavismo promovió el nacionalismo petrolero—conservaba la mayoría accionaria y el control operativo de la asociación. De esta manera se cumplía con la Constitución, que reserva al Estado la actividad petrolera y otras industrias estratégicas. La creación de esas empresas mixtas debía ser aprobada por la Asamblea Nacional.
Los nuevos contratos directos con privados solo tendrán que notificarse. La ley, no obstante, hace la salvedad de que el país seguirá siendo propietario de los yacimientos, en los que las empresas desarrollarán actividades de explotación.
Otros cambios puntuales están relacionados con la comercialización del crudo. Antes, solo PDVSA podía hacerlo. Ahora, los privados pueden “realizar la comercialización directa” y manejar los fondos en cuentas bancarias en el exterior. A las regalías —lo que paga al Estado quien extrae petróleo por el derecho a sacarlo— se les pone un tope del 30% y este porcentaje puede modificarse a discreción del Ejecutivo. En la primera versión de la reforma las regalías se reducían al 20% y el 15% si se trataba de contratos o de empresas mixtas, respectivamente. Además, se han establecido amplias exenciones tributarias para quienes hagan inversiones en el sector.
También se incluye una cláusula que permite la resolución de controversias a través de arbitrajes y mediación —antes solo era posible a través de los tribunales venezolanos sin independencia judicial, como también está establecido en la Constitución—. Esta es una medida orientada a disipar los temores de inversionistas que en el pasado sufrieron pérdidas por las expropiaciones aplicadas por el Gobierno chavista.
La minoritaria bancada parlamentaria de la oposición había pedido un debate más amplio sobre la reforma que ha desregularizado el sector petrolero para favorecer la operación privada. Solo se dieron tres días de consulta pública, en los que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reunió con trabajadores de la industria y luego con ejecutivos de petroleras interesadas en continuar haciendo negocios con PDVSA, como la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell.
En menos de un mes se ha creado un andamiaje legal básico para la nueva etapa comercial entre ambos países. El visto bueno que faltaba ya lo había dado el propio secretario de Estado, Marco Rubio, el pasado miércoles en su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Senado estadounidense. “Hay que reconocer el mérito de las autoridades [venezolanas]. Han aprobado una nueva ley de hidrocarburos que, básicamente, elimina muchas de las restricciones de la era de [Hugo] Chávez a la inversión privada en la industria petrolera”, se ufanó Rubio.
