(JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ. EXCÉLSIOR)
La cabeza fría, la sensatez, la preparación y la capacidad de escuchar al otro, de entender a alguien que está en las antípodas, que muestra la presidenta Sheinbaum, y corrobora el New York Times, cuando se debe enfrentar a Donald Trump, desaparecen cuando hay que mostrar, por lo menos, empatía con las víctimas de los 200 mil asesinatos y 60 mil desaparecidos que hubo el sexenio pasado. La única empatía, el único pedido de solidaridad, es para el expresidente López Obrador.
No se puede defender lo indefendible. No existe ninguna razón ética o política que permita explicar que se puedan tener reuniones periódicas con los familiares de Ayotzinapa (a esta altura más numerosos los familiares lejanos y los asesores, todos financiados con recursos públicos, que los familiares originales) y que nunca haya habido una reunión, ni antes ni ahora, con las madres buscadoras y otros colectivos representativos de los familiares, miles, que buscan a sus hijos, esposos, madres y padres.
Es inexplicable que se pueda detener una comitiva presidencial en medio de la sierra para saludar a la mamá de El Chapo Guzmán, “una mujer mayor a la que se le debe tener respeto”, según López Obrador, pero no se pueda escuchar a las madres buscadoras. Y es indefendible que esa política la siga la presidenta Sheinbaum.
Desde la 4T se dice, después de la memorable jornada de vigilia y luto nacional que se escenificó el sábado en el Zócalo capitalino y en muchas otras ciudades del país, que la mayoría de los desaparecidos pertenecían a grupos criminales. El gobernador Alfonso Durazo, primer secretario de seguridad de López Obrador, dijo que 97 por ciento de los desaparecidos eran parte de esas organizaciones.
¿Eso exime al Estado de sus responsabilidades? Los grupos criminales se empoderaron durante la administración de López Obrador precisamente por eso: el Estado les permitió, por acción u omisión, sobrepasar todos los límites. Por eso se dispararon los ajustes de cuentas, los asesinatos, las extorsiones y las desapariciones. Por eso no es verdad que todos los desaparecidos sean personas ligadas al crimen organizado: muchos son víctimas de extorsiones o secuestros que no pudieron pagar su rescate o cuota, muchos simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, muchas son mujeres que fueron levantadas para abusar de ellas y luego fueron desechadas; muchos son, como ocurría en Teuchitlán, jóvenes, hombres y mujeres, captados con engaños y que, como no sirvieron a los objetivos de los grupos criminales, fueron eliminados, otros son jóvenes a quienes se les ocurrió ir en grupo en una carretera y, confundidos con rivales, fueron secuestrados, torturados y eliminados. Seamos serios, acabar con las desapariciones, investigándolas a fondo y castigando a los culpables, de los 43 de Ayotzinapa, durante el gobierno de Peña, y de los 60 mil del sexenio de López Obrador, es responsabilidad del Estado.
Pero, más allá de eso, debe haber empatía con quienes sufren este brutal crimen, tanto con las víctimas directas como con sus familiares. No se recibe a las madres buscadoras, ni a Ceci Flores ni a los otros colectivos, no se recibe a la familia LeBarón, no se recibe a Javier Sicilia, como tampoco se recibe a nadie que discrepe. Recuerdo a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña, recibiendo, reuniéndose y teniendo incluso reuniones tensas con víctimas, familiares y opositores. López Obrador no se reunía (para que no se le faltara el respeto a “la investidura presidencial”) ni con las víctimas de desastres naturales… pero sí con la mamá de El Chapo, al que pedía que le dijeran “señor Guzmán”.
Desde que asumió López Obrador se acabó el diálogo con los opuestos y ésa también sigue siendo, en este capítulo, la tónica: nada que toque al exmandatario, nadie que discrepe con él o que lo acuse de no haber cumplido con su responsabilidad.
