(JORGE A. CASTAÑEDA MORALES. EL ECONOMISTA)
En 2021 publiqué un par de columnas cuestionando la naturaleza de los montos estratosféricos de remesas reportadas por Banxico y su incongruencia con datos como la ENIGH. Organizaciones e individuos reclamaron que cómo osaba cuestionar el esfuerzo de millones de paisanos al sugerir vínculos con el crimen organizado. Hoy, nuevas investigaciones y datos públicos confirman mis sospechas.
Según la nueva ENIGH, 1.7 millones de hogares o 4.5% del total recibieron remesas. Al contrastar esta cifra con el monto de 58.5 mil millones de dólares (MMDD) de Banxico en 2022, se podría deducir que el hogar promedio receptor de remesas ingresó 34,000 dólares. Esto los posicionaría entre los hogares más ricos de México, que no es el caso.
El CEMLA, que cuestionó mis publicaciones pasadas, afirmó que la ENIGH subestima el ingreso por remesas en un 91.6% –58 MMDD de Banxico vs 4.9 MMDD de la ENIGH. Aunque es sabido que la ENIGH subestima ingresos y gastos, no hay ninguna explicación plausible de por qué el subreporte en remesas sería mayor que en otros ingresos o gastos. De ser el mismo nivel de subestimación, deberíamos descartar la ENIGH para cualquier análisis, lo cual sería un error, ya que es un gran instrumento con muchas aplicaciones. En otra investigación, el CEMLA estima que los mexicanos en EU envían 18% de su masa salarial a México. Comparando esto con la tasa de ahorro de 3.5% en EU (asumiendo que los paisanos no ahorran nada más y que todos envían dinero), no tiene sentido.
Pero esto no se limita a datos duros. Recientemente, Reuters publicó una investigación sobre cómo el crimen organizado utiliza las remesas para lavar y enviar dinero de EU a México. Con operaciones hormiga para no rebasar los límites permitidos, utilizan a miles de personas para hacer envíos diarios. Esto y otras notas recientes, muestran que este es un modus operandi del crimen organizado para blanquear su dinero y enviarlo a México.
La organización Signos Vitales encontró que en 2022, Minnesota, con una población migrante de apenas 200,000 habitantes, envió 4.7 MMDD, lo que implicaría que cada uno mandó 23,000 dólares en un año. La organización también estima que al menos 7.5% del flujo de remesas puede venir de fuentes ilícitas.
No se trata solo del narcotráfico, que sin duda juega un rol importante. Ayer, Jacobo Dayan publicó un análisis de cómo en tres años se ha disparado el envío de remesas a ciudades como Comitán (3x) o San Cristóbal (4x). A menos que un gran número de chiapanecos haya emigrado o aquellos que ya estaban en EU hayan tenido un aumento importante en sus ingresos, la única explicación razonable es que estos envíos están vinculados al tráfico ilícito de personas en la frontera sur mexicana.
A estas alturas, es indudable que parte importante de los flujos reportados como remesas (transacciones bancarias entre personas físicas) está relacionada a actividades ilícitas. Es imposible saber la magnitud y naturaleza de estas actividades con datos públicos. Aunque ayudan a la cuenta corriente y al superpeso, no es algo que el gobierno debería festejar.
Ante la obviedad de que las autoridades de EU saben esto, como lo dice el Annual Threat Assessment, y considerando la gravedad actual de la crisis del fentanilo, vale la pena preguntar:
¿Qué pasaría en la economía mexicana si EU empieza a poner más atención a las remesas? ¿Qué riesgos corren las empresas o instituciones financieras mexicanas por las que pasan estos flujos ante posibles sanciones de EU?
